Las ocho estatizaciones del kirchnerismo

La historia de estatizaciones y de privatizaciones en el kirchnerismo tiene su historia. Desde 2003, contado ahora a Vicentin, al menos ocho compañías fueron estatizadas, de acuerdo con un informe divulgado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Los casos más resonantes y que implicaron un mayor control sobre áreas estratégicas de la economía y de personal fueron Aerolíneas Argentinas (2008) e YPF (2012), procesos por medio de los cuales se incorporaron más de 30.000 trabajadores a la órbita estatal. A lo largo del período también se destacaron Aguas y Saneamientos (AySA) en 2006, la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (Fadea) en 2010 y de Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) en 2007, Correo Argentino en 2003 y Ferrocarriles Argentinos. Las principales estatizaciones se produjeron bajo gestiones peronistas; la mayoría durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, las cuales terminaron provocando duros cruces con el mundo de las finanzas internacionales y en alguno casos el pago de cuantiosos juicios.

El caso de Vicentin es especial. Se trata de una cerealera que ocupó el sexto lugar en el Ranking de empresas agroexportadoras, según ventas de la campaña comercial 2018/19. El grupo produjo 8,4 millones de toneladas, un 9% del total de ventas externas agroindustriales. Se trata de una empresa que atravesó en el 2019 una situación de estrés financiero que la llevó a paralizar sus actividades. Entre el cierre de ese año y principios de este 2020 buscó reestructurar sus pasivos para volver a poner en marcha su capacidad productiva, consigna un informe de la Bolsa de Cereales de Rosario. Por tal motivo, esta empresa de exportaciones agroindustriales de capital nacional registró ventas de la nueva campaña 2019/20 muy por debajo de su operatoria normal.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 publicado en el Boletín Oficial, el gobierno decidió la intervención de Vicentin por 60 días para asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, la protección de los puestos de trabajo en peligro y evitar daños sobre el mercado agroexportador y la economía en general.

El DNU también dispuso la ocupación por 60 días de la sociedad, en forma administrativa, en razón de utilidad pública, “lo que se vuelve urgente en el marco de la emergencia sanitaria, teniendo en cuenta el volumen de la empresa en cuestión, la soberanía alimentaria y la necesidad de evitar impactos de alta negatividad en la economía”. Asimismo, oficializó la designación en el cargo de interventor de la sociedad a Roberto Delgado y en el de subinterventor a Luciano Zarich.

El Gobierno puntualizó que “se encuentran en riesgo no sólo los 2.195 puestos de trabajo de la industria aceitera sino también cerca de 1.000 empleos de la empresa algodonera, 376 de la industria vitivinícola del grupo inversor y 2.057 de la planta frigorífica”, todas de propiedad de Vicentin.

“Frente a la situación de falencia de Vicentin y el tiempo que demanda el proceso judicial, máxime en la actual situación sanitaria, el volumen agroexportador de esta empresa podría verse afectado sensiblemente y esta situación podría conllevar efectos negativos en materia laboral, comercial, económica y social”, se señala en el decreto presidencial.

Las frases
- “A la Argentina y al Gobierno les interesa la expansión de la producción; es muy importante salvar a una firma que juegue en este sector estratégico”. (Luis Basterra, ministro de Agricultura-Nación)

- “El propósito del Gobierno es bueno, pero creo que la forma en que se hizo genera un conflicto innecesario con el campo. Tenemos demasiados problemas como para estar generando otros nuevos problemas. Pero insisto, el propósito me parece loable”. (Eduardo Duhalde, ex presidente de la Nación)

-  “Hay que formar una comisión para investigar las presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa; además de una posible defraudación y estafa comercial a acreedores”. (Oscar Parrilli, senador afín a Cristina Fernández de Kirchner)

- “Resulta alarmante exponer a las exhaustas arcas del Estado a eventuales demandas judiciales, como vemos que ha sucedido en situaciones similares a las acciones ejecutadas”, en referencia a la expropiación de YPF. (Pronunciamiento del bloque de diputados de Consenso Federal)