Accionistas de Vicentin afirman que es ilegal la intervención de la firma

"El proyecto de expropiación viola garantías constitucionales y elude la independencia de poderes de una Nación", dijeron mediante un comunicado.

14 Jun 2020
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PEDIDO. Los accionistas, mediante una solicitada dirigida a la opinión pública, piden a las autoridades que recapaciten respecto de las medidas adoptadas en torno de la cerealera. TÉLAM

Los accionistas de la empresa Vicentin salieron a cuestionar con dureza las medidas que tomó el Gobierno nacional, en relación a la empresa.

Aseguraron que la intervención por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) es injusta, arbitraria e ilegal. Y en esa línea, señalaron que la decisión de la Nación inhabilita todas las negociaciones que la compañía venía llevando adelante para alcanzar una solución en el ámbito privado.

"Luego de 90 años de una trayectoria intachable (...), hemos tenido que enfrentar recientemente una situación financiera crítica que derivó en la necesidad de presentarnos en el mes de febrero, en un Concurso de Acreedores", aseguraron los accionistas, mediante una solicitada.

En ese marco, manifestaron que la empresa actuó ajustada a derecho y cumpliendo con cada una de las etapas contempladas dentro de dicho procedimiento, mientras evaluaban diferentes alternativas y ofrecimientos de distintos grupos empresarios tendientes a alcanzar una solución. "Hemos sido sorprendidos por una decisión del Gobierno que entendemos injusta, arbitraria e ilegal. Una decisión, que avasalla y atenta contra los derechos de la propiedad privada y le niega a una empresa argentina de larga y destacada trayectoria el derecho a resolver su situación financiera en el marco que la ley prevé para dicho fin que es en el ámbito concursal", dijeron.

Según los firmantes, la intervención y el proyecto de expropiación que sostiene el Gobierno, encabezado por el presidente, Alberto Fernández, viola las garantías constitucionales, elude de manera arbitraria la independencia de poderes de una Nación y pone en jaque la confiabilidad en las instituciones que requiere toda República democrática.

Por último, dijeron confiar en que las autoridades recapaciten: "para reestablecer el Estado de derecho y garantizar a quienes hemos invertido por décadas en nuestro país, que estamos amparados por sus leyes y no expuestos a decisiones arbitrarias carentes de fundamentos y de legalidad". (Télam)

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