Por DNU, el Presidente decidió anular la intervención de Vicentin

A través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), firmado por el presidente Alberto Fernández, el Gobierno nacional anuló la intervención de la empresa Vicentin. “Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días”, escribió el jefe de Estado en su cuenta en Twitter. Así, tras el retiro de Santa Fe de la negociación, todo el proceso queda en manos del juez comercial de Reconquista Fabián Lorenzini y los directivos de la empresa.

“He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”, continuó Fernández.

Las negociaciones por la continuidad de la cerealera Vicentin experimentaron un paso atrás luego de que Santa Fe anunciara su decisión de no seguir, a raíz de que los directivos de la empresa no aceptaron retirarse de la administración, en vistas a la posible conformación de un fideicomiso. “Este marco de negociación institucional es un capítulo cerrado”, había sentenciado el secretario de Justicia santafesino, Gabriel Somaglia, al término de una reunión en el Juzgado en lo Civil y Comercial de Reconquista.

La decisión del Gobierno de Omar Perotti coincidió con el allanamiento a la sede de la compañía que ordenó el juez federal Julián Ercolini en busca de documentación, ante el requerimiento que formalizara en junio la Unidad de Información Financiera (UIF).

Idas y vueltas

La historia de un desencuentro

Hasta 2019 Vicentin era la principal compañía exportadora de aceite y harina de soja en Argentina. El anuncio de la intervención de la empresa había causado sorpresa, como también rechazo en el sector agroexportador. La intervención, que también generó malestar entre la oposición, tuvo un efecto limitado dado que, a fines de junio, un juzgado dispuso  la restitución de los administradores originales de la agroexportadora y limitó el rango de los interventores al de observadores. Ahora, el Gobierno nacional dio marcha atrás a la intervención del grupo que estaba en concurso de acreedores desde fines del año pasado.