El comisario Mamaní y tres policías más seguirán tras las rejas

El juez dictó la prisión preventiva para los uniformados de Apolinario Saravia, acusados de vejaciones y abuso de arma de fuego.

11 Ago 2020
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El juez Sebastián Guzmán dictó la prisión preventiva de Walter Omar Mamaní, Juan Francisco Giménez y Sergio Luis Carlos Argañaraz.

La conducta desplegada por el comisario Mamaní fue tipificada bajo los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas con fines de venganza.

Similares cargos recayeron sobre los oficiales Juan Francisco Giménez y Sergio Luis Carlos Argañaraz.

Mamaní y Giménez se desempeñaban como comisario y jefe de dependencia, respectivamente de la subcomisaría El Dorado, en Apolinario Saravia.

En la misma resolución el juez declaró la nulidad parcial de la ampliación del decreto de citación a audiencia de imputación en lo que respecta a la participación de Franco Matías Vizgarra. Y rechazó el pedido de prisión preventiva del mismo, ordenando su libertad.

Por otra parte, el juez convirtió el arresto domiciliario de Julia Antolina Díaz en prisión preventiva.

El juez también dispuso correr vista a la Fiscalía de Derechos Humanos por la posible comisión del delito respecto de las declaraciones testimoniales de Ramiro baltazar Serrano, Diego Jacinto Figueroa Orquera e Iris Waildelich.

El origen de la causa

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, entendió que se encuentra acreditado que alrededor de las 4 de la mañana del pasado 28 de junio, mientras el denunciante Luciano Diez circulaba lentamente con su vehículo por avenida 9 de Julio, en inmediaciones de Parque Norte – Sala Nido de Apolinario Saravia, apareció en sentido contrario el móvil policial Nº 1745, conducido por el cabo Giménez, acompañado por Argañaraz, Díaz y el comisario Mamaní , quienes sin motivo alguno, realizaron la detonación de, al menos, cuatro disparos con la intención de amedrentar a Diez.

Tras esto, se dirigieron al domicilio del joven denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y darse a la fuga, por lo que los acusados privaron al damnificado ilegalmente de su libertad, ya que no había motivos para aprehenderlo.

Para avalar la restricción ilegal, los acusados armaron una causa penal, en la que el comisario Mamaní formuló una denuncia en contra de Diez por el delito de atentado a la autoridad.

En consecuencia, insertó declaraciones falsas en un documento público y desfiguró la verdad objetiva, ya que lo denunciado por el comisario y avalado por las declaraciones testimoniales de Díaz, Giménez y Argañaraz, quienes presenciaron el momento de los disparos y la posterior detención ilegal de Diez, no se condice con la filmación de la cámara situada en el parque que captó tanto el desplazamiento del denunciante en su vehículo previo a los disparos y luego la conducta del personal policial, ni con el relato del denunciante.

Además, durante el traslado de Luciano Diez y luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, los acusados lo sometieron a malos tratos físicos y psíquicos.

En su denuncia, el damnificado expresó que toda esta situación pudo obedecer a un conflicto entre Mamaní y su madre quien es dueña de un sistema de cable local.


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