El deber de informar ante la pandemia

Por Pedro Javier Arancibia*

El aislamiento legal o fáctico que impone la pandemia, en algunos casos, facilita y naturaliza la justificación para no brindar datos certeros sobre el estado de salud del paciente internado. Es decir, con demasiada habitualidad, la excusa profiláctica alivia la enorme presión, que desde luego soportan los médicos y el personal sanitario en medio de cierta incertidumbre, de tener que informar permanentemente a los familiares y al paciente sobre los riesgos y la evolución de la enfermedad.

La titánica tarea del personal de salud, bajo esas circunstancias, resulta al mismo tiempo puesta en tela de juicio y amenazada con reclamos por mala praxis, ya que, como se dijo, en medio de la incertidumbre propia del comportamiento virológico, se agrega la incertidumbre de cómo se está tratando y atendiendo médicamente al internado, quien se encuentra aislado y sin ningún tipo de contacto exterior. En medio de la angustia y la desesperación, el paciente y su familia quieren conocer la información consignada en la historia clínica; cuantos enfermeros o médicos lo atenderán y si son suficientes en cantidad y capacidad, también quieren conocer si el establecimiento médico realmente se encuentre equipado y apto, con la aparotología e insumos suficientes para un adecuado tratamiento, con camas disponibles y en definitiva cuáles son concretamente los riesgos y pronósticos en la evolución particular del caso.

Ésta profundización de la incertidumbre que termina derivando en incesantes preocupaciones y cuestionamientos al sistema de salud, se agudiza cuando se conocen declaraciones de médicos o enfermeros que dicen haber tenido que elegir entre pacientes para atender o darle prioridad ante el colapso sanitario. Ante éste panorama, ¿cómo sabemos que se está haciendo todo lo que se debe o lo que se puede?

Por otra parte, el Estado, en quien el pueblo ha depositado la defensa de la vida y la integridad psicofísica de las personas, monopoliza el servicio público de salud. Lo que en teoría debería ser algo positivo y una garantía de igualdad para todo ciudadano/a, viene demostrando en la realidad una falta de previsibilidad absoluta que se contagia a todos los estamentos de gobierno.

Particularmente se destaca la deficiente e incorrecta “información” a la sociedad sobre la evolución de la situación epidemiológica con datos que con el ´paso de los meses resultan ser equivocados. Mas allá de que en el mismo seno del gobierno existen contradicciones como por ejemplo la cifra de fallecidos por Covid-19 que brinda el reporte oficial y que contrasta abismalmente con la reconocida públicamente por el nuevo ministro de salud, considero que termina siendo gravitante para la certidumbre y el derecho de los ciudadanos/as, el conocimiento claro y suficiente de cuáles son las políticas públicas diseñadas y que pretenden ejecutarse en el ámbito sanitario; económico productivo, social, judicial, etc. Puesto que, para nada existe al respecto un mensaje claro, sino más bien una manifiesta imprevisión en todos los órganos del Estado. Y ello, va sumergiendo a la sociedad en la peor de las incertidumbres y le imprime una sensación de inseguridad porque no se identifica cómo y quién va a conducir el barco en la tempestad asumiendo su plena responsabilidad.

Al decir de Nassim N. Taleb, a quien considero uno de los pensadores contemporáneos más brillantes, “la incertidumbre no aparece o desaparece por nuestra capacidad de predecir riesgos, sino por nuestra capacidad de evaluar la exposición asociada a esos riesgos.”

Y precisamente tal cuestión es lo que falta, claridad conceptual, previsión, un mensaje transparente y tranquilizador a la sociedad, aunque no del tipo “no pasa nada” o “está todo controlado”, menos aún el deprimente y apocalíptico que advertimos cada vez que habla el gobernador. Sino un mensaje razonable y demostrativo de que en estos meses se estuvo trabajando desde la administración con verdaderos planes de contingencia y monitoreo, con su correspondiente respaldo de equipos técnicos especializados y que se procuraron suficientes equipamientos y sistemas para la contención de la pandemia.

Por ello, no es más que un signo de debilidad e imprevisión política, que de la noche a la mañana el gobernador repudie públicamente el supuesto actuar de los establecimientos médicos privados ante supuestos rechazos en la atención médica de pacientes sospechosos de coronavirus. Hay que recordar, que el sistema de salud es un servicio público y que en ocho meses se debería haber tenido el diálogo y las previsiones necesarias con los distintos actores de la salud como para hacerse el sorprendido y en definitiva la víctima. La mirada debería ser la opuesta, así como el gobernador tiene facultades para dictar decretos de necesidad y urgencia por la emergencia socio-sanitaria, se estima que pudo haber coordinado eficientemente todas las posibles eventualidades y escenarios posibles a través del diálogo y el trabajo conjunto. Lo que también incluiría el apoyo económico, técnico y de personal a los establecimientos médicos privados que en definitiva forman parte del sistema de salud pública y que cumplen un rol decisivo en la atención de pacientes.

Como síntesis creo, deberían asegurarse los mecanismos de información y consentimiento en el tratamiento de los pacientes infectados con coronavirus, para que conozcan cabalmente su situación médica particular, sobre los riesgos propios de la enfermedad, cuidados y medicación. Un “tratamiento médico informado”, es un mecanismo que guarda íntima relación con el respeto a los derechos y libertades individuales del paciente y que como derechos de raigambre constitucional y convencional, deben ser plenamente garantizados sin que se oponga irrazonablemente como excusa un contexto de pandemia que no impide el conocimiento de los eventos referidos.

Los médicos y el personal sanitario también deberían consignar la situación real de atención en las historias clínicas, inclusive hasta para ampararse de tremendas presiones y responsabilidades que están recayendo sobre ellos y que en ocasiones se olvida que su trabajo generalmente está condicionado y hasta limitado por las carencias de la institución médica pública o privada.

Y por último, el pueblo tiene que saber cuál es la situación general en el contexto epidemiológico actual, lo que se espera en medio de la incertidumbre típica del virus, pero más certezas en torno de lo que el Estado está dispuesto o preparado para actuar, cuáles son sus planes en cada política pública, porque hasta aquí lo que se ha demostrado se parece más a bajar la Cuesta del Obispo con neblina que a la vista lejana aunque clara desde la Piedra del Molino.

Pedro Javier Arancibia

Abogado.

Especialista en Derecho Penal (Universidad Nacional de Córdoba)

Máster en Gobernanza y Derechos Humanos (Universidad Autónoma de Madrid)

Magister en Políticas Públicas (Universidad de Salvador y Carlos III de Madrid)

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