El Ministerio de Seguridad evalúa "permanentemente" la posibilidad de adquirir las Taser

La muerte del policía federal Juan Roldán en el barrio de Palermo (Buenos Aires) reabrió un debate nacional: la posibilidad de que las fuerzas de seguridad cuenten con las armas Taser como una herramienta más para utilizar en circunstancias puntuales.

El lunes, Roldán murió al recibir cuatro puñaladas en el pecho, cuando intentó junto a otro uniformado reducir a Rodrigo Roza, quien al parecer había sufrido un brote psicótico y había comenzado a amenazar a clientes de un bar con un cuchillo. El agresor también falleció, ya que los policías le efectuaron un disparo en la pierna y otro en el abdomen durante el operativo.

Luego del trágico episodio, por el cual el presidente Alberto Fernández decretó ayer un día de duelo nacional, especialistas en distintas ramas (sobre todo en seguridad y en derechos humanos) y referentes del oficialismo y de la oposición aludieron a la posibilidad de que las fuerzas cuenten con las Taser como una opción más.

¿Cuál es la situación en Tucumán?

Las armas electrónicas están habilitadas desde diciembre de 2018, cuando la Legislatura sancionó la ley 9.145.

La normativa incluye un protocolo propuesto por el ministro de Seguridad, Claudio Maley, a partir de los lineamientos fijados por la ex ministra nacional Patricia Bullrich (2015-2019), para "el uso racional de la fuerza y de las armas en la Policía de Tucumán".

El artículo 6° de la ley 9.145 determina dos tipos de "armas de uso permitido".

En el primer grupo, denominado "intermedias", figuran las "eléctricas de contacto"; es decir, las Taser. En este lote también están los bastones policiales, la tonfa y el gas en aerosol (orgánicos).

El segundo apartado incluye los armamentos "letales", que son los habilitados para la Policía "conforme a la ley nacional de Armas y Explosivos 20.429".

A poco de cumplirse dos años de la aprobación de la norma, Tucumán no cuenta todavía con dispositivos Taser entre los recursos provistos a los agente de a pie ni a los efectivos del Servicio Penitenciario.

Sin embargo, la puerta para gestionar la adquisición e implementación de esa tecnología no está cerrada en absoluto.

"Lo venimos evaluando permanentemente. En el protocolo de Uso Racional de la Fuerza se las tomó en cuenta, porque es una herramienta que proporcionaría menos daño a la persona (que la utilización de un arma de fuego) y sirve para que, de alguna manera, el agresor o el delincuente no avance con su cometido", explicó el subsecretario de Seguridad, José Ardiles, a LAGACETA.com.

El funcionario destacó que desde hace años se analiza la posible incorporación de este insumo, aunque en todas las partidas finalmente se desistió de la operatoria.

"En algún momento decidiremos si procedemos a gestionar la compra. Con el uso del protocolo, puede ser una herramienta válida. Y, en virtud de lo que sucedió en Palermo, podría haber sido fundamental para el empleado policial", analizó Ardiles.