Críticas y respaldos a la Ley de Abastecimiento

BUENOS AIRES.- El proyecto de Ley de Abastecimiento, impulsado por el Gobierno nacional, volvió contraponer posiciones en el sector político y empresarial. El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, negó ayer que la inciativa esté dirigida a “entorpecer” la actividad económica. Además, recordó ante las críticas del sector privado que el propio secretario de Comercio, Augusto Costa, ha dicho que “es un tema que está abierto a debate”.

El mandatario confió que en el Senado se convocará a los distintos sectores para encontrar “puntos de acuerdo”. El tratamiento comenzará en el Parlamento hoy.

Scioli, en diálogo con radio Rock and Pop, confesó: “no me imagino a este Gobierno, que busca sostener el empleo y la actividad económica, que a través de esta iniciativa u otra quiera entorpecer (la actividad económica y las inversiones)”. Es más, el funcionario consideró que en este momento, el objetivo es cuidar “lo que se ha avanzado”, al tiempo que recordó que la industria automotriz ha batido récord de ventas e inversiones en los últimos años.

Scioli cree que el proyecto pasó a ser una cuestión política y apuntó que el Gobierno arregló hace unos meses con Repsol y con el Club de Paris, cuando se decía que el Ejecutivo seguía los pasos del país gobernado por Nicolás Maduro.

La mayor parte del arco empresarial se manifestó en contra de la nueva ley. Y una de las posción críticas que se apreció ayer fue la del presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, justamente, referente de la industria automotríz. Dijo que “es retrógrada e inconstitucional” y que es un intento por copiar a Venezuela. “No le hace bien al país”, insistió.

El también vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) sostuvo, en declaraciones a la radio Rock & Pop, que “querer reformar y aplicar esta ley me parece contra los tiempos”.

También los precandidatos a presidente del Frente Amplio Unen, Hermes Binner y Julio Cobos, se expresaron en la misma postura.

Binner señaló que en el actual contexto, la aplicación de esta normativa puede provocar mayor desinversión y desempleo, perjudicando directamente a los trabajadores. “Necesitamos promover inversiones genuinas en un marco de certidumbre y protección del empleo, para lograr volver a poner en marcha a la industria nacional”, expresó el ex gobernador de Santa Fe.

Por su parte, Cobos manifestó que el “verdadero abastecimiento” se logra con un gobierno promotor de la inversión, que genere trabajo a partir de reglas claras y previsibles que restablezcan la confianza. “En momentos donde la Argentina necesita poner en funcionamiento todo su aparato productivo, la aplicación de este tipo de medida nos aíslan del mundo y afectan en forma negativa a la industria nacional, sector que ya viene golpeado por errores del gobierno”, enfatizó. “Hay párrafos de la ley de abastecimiento que son casi iguales a las de Venezuela. Y a mí me parece que copiar a Venezuela no le hace bien al país”, agregó.

El diputado nacional por el Frente Renovador, Felipe Solá, cuestionó la idea oficial al considerar que tiene un “engaña pichanga”, que es que ya no tiene como pena la cárcel, pero le permite al Gobierno meterse en los temas económicos adentro de las empresas. (DyN)

BUENOS AIRES.- El gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores (CIRA), Miguel Ponce, expresó ayer la preocupación del sector por la disputa entre el Gobierno nacional y los holdouts. “Ha venido a agravar todas las tendencias anteriores”, sostuvo el directivo, en referencia al impacto del litigio internacional.

“Si estábamos en recesión y pensábamos una caída anual de un 1,5% (de la actividad), ahora estamos pensando que vamos a tener una caída de un 4%. Si pensábamos una inflación de 30% a 40%, ahora pensamos un piso de 45%”, agregó.

Ponce, en esa línea, reiteró la necesidad de “cerrar bien” la situación abierta con los fondos buitre, que motivó la multiplicación de requerimientos y trabas de exportadores de Estados Unidos, Europa y Asia. En declaraciones a Radio del Plata, el directivo consideró: “la situación de la cámara, de los socios, no es nueva. Antes del 30 de julio (cuando se gatilló la situación de default) el mercado y las propias empresas estaban en esto que vengo denominando default fáctico”.

“El recuerdo traumático de 2001-2002, de no pago durante un año, ha originado que tanto para importadores como para exportadores toda la situación se endureciera, vinculada a plazos. Del promedio histórico de 110 días, antes del 30 de julio, los proveedores del exterior empezaron a exigir que se redujera a 30 días, y en algunos casos, muy excepcionales, pagos cash o por adelantado”, enfatizó.

En el caso de la industria, aseguró que el 90% de lo que se opera está destinado a producción, y dentro de eso, el 80% a industrias que exportan. “Esto afecta no sólo el nivel de actividad, de abastecimiento, sino también a la exportación y al empleo, como ya se empieza ver”, comentó el empresario.

Y agregó: “en el caso de los exportadores, las tasas (para vender al exterior) eran de 7%, 8%, 9% en dólares, y la mayoría pasó al 30% o 35%. Todo esto se traslada a precios, todo es inflacionario y hace perder competitividad”, agregó.

Por otra lado, la embajada argentina en Estados Unidos denunció ayer una campaña difamatoria y engañosa realizada este fin de semana por los fondos buitre en medios norteamericanos. Acusó que se utilizan a terceros en un intento por disfrazar su codicia y distorsionar la verdad.

Mientras, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Raúl Zaffaroni, analizará hoy los aspectos judiciales del fallo dispuesto por el magistrado estadounidense, Thomas Griesa, que benefició a fondos buitre. El encuentro se realizará, a partir de las 14, en la sede de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en Capital Federal, en el marco de un nuevo encuentro de un sector oficialista. (DyN-Télam)