Celeridad, eficiencia y comprensión exigen los familiares de víctimas a la Justicia

Sea en causas nuevas o en las que llevan años luchando, coinciden en que el desempeño de jueces y fiscales deja mucho que desear.

17 Dic 2015
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CONTINUARÁN MARCHANDO. La Comisión no dejará de reclamar Justicia. FOTO LA GACETA

Cada año son muchas más las causas que se suman a los reclamos de Justicia de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad que las que se resuelven. Madres, padres, hijos y hermanos de personas que cuyas muertes no fueron esclarecidas no claudican a pesar de toparse con constantes obstáculos.

Causas que se extienden demasiado en el tiempo antes de llegar a juicio o que nunca alcanzan esa etapa, expedientes paralizados durante meses o años, jueces y fiscales que renuncian y abandonan los casos, pruebas que no se producen o que demoran mucho en concretarse… son algunas de las circunstancias que sufren los familiares de las víctimas.

“Nosotros entendemos que la investigación por un delito lleva tiempo para producir las pruebas, pero no puede ser que pasen tantos años antes de llegar a un juicio”, reclama Raúl Córdoba, uno de los referentes de la Comisión que marcha cada viernes por la tarde alrededor de la Plaza 9 de Julio desde hace cuatro años.

Córdoba propone que los jueces sean valorados por su productividad y que se cambie a

los que no hacen avanzar las causas. “El nuestro es un reclamo basado en la Constitución, en leyes penales que están para impartir Justicia”, enfatizó.

“Ha sido totalmente negativo el año 2015, si bien se han realizados  juicios como el de Diego Esper, Sabrina Berton o Lucas Teseyra, hemos recibido 25 casos nuevos que marchan junto a nosotros en la Plaza, graficó.

Críticas al Ministerio de Justicia

“Espero que la nueva presidencia de la Corte (Guillermo Catalano) sirva para liberarnos del yugo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, yo ya no tengo esperanzas de que (Pamela) Calletti se reúna con nosotros o quiera hacer algo, por eso queremos hablar directamente con la Corte”, con esas palabra Córdoba cuestionó a la parte del Poder Ejecutivo provincial que atiende asuntos de justicia.

El referente de la Comisión confesó sentirse resignado ante el actuar “caprichoso” de la ministra, con quien afirma no tener contacto. “Es tan fallida la comunicación de la Justicia que los familiares se enteran más rápido de la situación de sus casos, reciben contención psicológica, espiritual y legal en la Plaza”.

El sufrimiento en primera persona

Alrededor de 120 causas son representadas por la Comisión, con solo dialogar con algunos de los familiares que buscan Justicia, se comprende la preocupación con la que viven, la de ver como su anhelo se posterga y parece diluirse en el tiempo.

Julia Rodríguez es la mamá de la pequeña Zoe Milagro Rodríguez, que con solo 10 meses murió en el Hospital Público Materno Infantil el 12 de septiembre. “Mi hija falleció por mala praxis y abandono de persona de la doctora que estaba atendiendo ese día, mi hija lloraba de dolores abdominales y la dejaron morir y nunca me explicaron qué pasó”, exclamó.

Su causa no solo avanzó poco sino que ni siquiera está caratulada. Hace tres meses que el caso se encuentra sin fiscal, porque el que había actuado inicialmente, Gustavo Torres, dejó el cargo en Salta y el que fue designado –del que no conoce el nombre- está de licencia. 

Otra de las causas que se incorporó este año es la de Federico Méndez, quien manejaba su moto cuando fue embestido y murió el 13 de septiembre. Según su madre, Norma Alvarado, lo chocó una mujer de 78 años que dobló en contramano cerca del Club Gimnasia y Tiro.

“El trabajo de fiscales y de la Justicia es lento, recién la semana pasada llegaron las cámaras de seguridad de la zona y se están citando al amigo de mi hijo que iba en otra moto detrás, como testigo. El vio todo”, reveló Norma quien busca comprensión de los actores judiciales al decir que son ellos quienes deben reclamar porque son los que quedaron en la peor situación: “uno todos los días extraña al ser querido”, sostuvo.

La paciencia

Pasaron 15 años desde la muerte de su hijo y Verónica Cardozo, madre de Eduardo Rojas, no se rinde. “A mi hijo lo mataron el 4 de julio del 2000 cuando salía del Colegio 2 de abril, atrás de la Veloz del Norte. Un grupo de 15 patoteros terminaron con su vida”, cuenta con los ojos perdidos en el horizonte.

Solo una persona fue juzgada y condenada por el hecho, pero la mujer no  parará hasta que el resto de los culpables sea enjuiciado. “Yo vivo pidiendo justicia por mi hijo, para que paguen los asesinos, que estuvieron escondidos”, insiste la mujer que pide al juez que reabra la causa que fue cerrada en 2011.

“Después del crimen de mi hijo fueron lavadas las armas con lavandina  en una pileta y luego escondidas”, afirma Verónica, cuyo calvario no termina ya que contó que vive amenazada por los presuntos asesinos de su hijo: “me dicen que no siga marchando porque tienen el chumbo”.

“Yo le pido a la Justicia que escuche, que si me pasa algo a mí o a mis hijos que después no digan que no avisamos. Espero que la Corte me dé un alivio de vida para que mi hijo y mi familia puedan descansar en paz”, advierte e implora.

Menos tiempo esperando pero el mismo dolor en el alma es el que sienten los familiares de Florentino Gutiérrez, ferozmente asesinado el 29 de julio de 2014 en el Paraje El Rosal en la Quebrada del Toro.

Su hijo, Hugo Gutiérrez, contó que les habían prometido que en noviembre iba a comenzar el juicio contra los dos imputados, pero que fue postergado para fines de marzo sin una explicación clara.

La investigación me dejó un poco conforme pero me hubiese gustado que se investigue la casa de uno de los imputados y que se saquen más pruebas, aunque creo que hay suficientes”, dice Hugo con optimismo.

“Yo sigo viviendo ahí y me cruzo con ellos, se te ríen en la cara pero yo mantengo

intacta la fe, se que si no hay Justicia de los humanos, me la dará Dios”, dijo Hugo, quien cerró con una reflexión: “yo no desearía que esto le pase a nadie, solo al que le pasa lo entiende”.

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