Recordar a Miguel Ragone: de gobernador radicalizado a médico del pueblo

Cuando el candidato por el justicialismo salteño ganó las elecciones, el 11 de marzo de 1973, se desató una movilización social inédita en la provincia. El discurso de Miguel Ragone incentivaba la participación juvenil y popular en la lucha por el desarrollo de Salta. Su ideario tenía un objetivo social, la inclusión; económico, el crecimiento en la producción (agrícola e industrial) y político: derrotar al “quedantismo”. Este enemigo difuso era nombrado en los discursos de campaña y se identificaba habitualmente con la oligarquía histórica. En un panorama social protagonizado por el triunfo del peronismo, luego de 18 años de proscripción, la provincia vivió un breve paréntesis en su historia política: el cuestionamiento de las élites conservadoras en el poder.

Durante el primer mes de gobierno, Ragone llevó adelante medidas con una fuerte carga simbólica: recibió a los caciques de las comunidades originarias y propuso entregarles la propiedad de terrenos fiscales; trajo en el avión de la provincia a los detenidos políticos salteños que habían sido amnistiados por el presidente Héctor Cámpora; bajó las oficinas, del aristocrático Salón Blanco, en Mitre 23, para estar “más cerca de la gente”; pasó a retiro a los policías acusados de torturas durante el onganiato y desarrolló un Plan de Industrialización que proponía la creación de 25 establecimientos en la provincia. Más adelante firmó con la Universidad Nacional de Salta la entrega del Edificio Central de la Policía salteña (la fortaleza de Gral. Güemes 750) para la construcción del centro cultural más grande del norte argentino. Se iba a llamar “Centro Cultural Eva Perón”.

Es cierto que la alianza partidaria, que impulsó Ragone, estaba lejos de ser homogénea (abarcaba candidatos del nacionalismo católico hasta sindicalistas combativos) y el armado de sus ministerios mostraba un intento de equilibrar fuerzas contradictorias. Este equilibrio entró rápidamente en crisis (o nunca fue tal), a medida que a escala nacional el peronismo llevaba adelante una depuración interna con niveles de violencia nunca antes vistos en la Argentina de la época.

El gobierno de Ragone duró 18 meses y en ese lapso soportó dos crisis ministeriales, un paro por tiempo indeterminado de la CGT provincial, el quiebre de su propio bloque en la legislatura y la acusación del sindicalismo clásico: el gobernador era “un Montonero”. No se entiende tal afirmación sino es realizada en un marco de lucha interna por protagonizar el movimiento peronista. A nivel nacional, la conducción justicialista mandó un mensaje de alerta a los sectores de izquierda, desde la masacre de Ezeiza (y con mayor profundidad, después de la muerte de Rucci). La persecución interna abarcó un espectro difuso que iba desde el peronismo revolucionario hasta militantes de la Doctrina Social de la Iglesia.

Pese al intento del gobernador de agrupar de nuevo a las fuerzas discordantes y mostrar cierta estabilidad política a partir de la muerte de Perón, la provincia fue intervenida el 24 de noviembre de 1974. Momento que inició una desaforada represión.

Hay que remarcar con fuerza de esta fecha: la represión en Salta no inicia con el golpe de Estado de 1976, sino a partir de la intervención federal. Si bien las bandas de la Triple A, torturaban y desaparecían a los militantes sociales dos años antes del golpe de Estado, es necesario observar este detalle a escalas regionales. La Triple A en Salta no era otra organización que la policía y el ejército. Nunca fue tan oportuna la frase de Rodolfo Walsh: “la A.A.A. son las tres armas”. Es una deuda de la historiografía local ver este vínculo, no hay registros de las bandas parapoliciales actuando en la provincia, en cambio, si lo hay de un plan sistemática de las fuerzas de seguridad contra los militantes sociales y políticos durante el último año de la democracia.

El mismo 24 de noviembre se detuvo a más de una decena de funcionarios del gobierno intervenido. Todos eran de puntos sensibles del gobierno ragonista: Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Gobierno, de Economía, Municipalidad de Salta, Jefatura de Policía y la Legislatura provincial (en paralelo en la UNSa se desarrollaba una cesantía masiva). En un lapso de un año, algunos de los dirigentes más destacados partieron al exilio o fueron asesinados, hasta terminar con el mismo Ragone. En un día tan representativo, como el 11 de marzo de 1976 tercer aniversario de la elección que lo llevó a la gobernación, un comando de la policía local lo secuestró a tres cuadras de su casa. Su último rastro fue un zapato en la vereda.

Se podría afirmar que el ejercicio represivo en la provincia de Salta tuvo por primeros objetivos a los miembros del gobierno anterior: disciplinar al sistema político, dejar en claro qué se puede pensar desde el Estado y aquello que no. Lo prohibido del ragonismo fue el cuestionamiento de las élites conservadoras que se había impulsado desde la campaña y sobre todo durante los primeros meses de su gobierno. Cuando se habla de memoria, no se trata de un recuerdo individual de las personas sino un acto colectivo que vuelve político al pasado. Por eso la memoria es dinámica, se va transformando y hay que ponerla en práctica todos los años. Rememorar los procesos represivos es importante para una sociedad, porque actualiza el grito de “nunca más” y transporta un horizonte de posibilidades hacia el presente.

La historia nunca está desprovista de un sentido político, por eso las expresiones de consenso, acuerdo social y cierre del tema sólo buscan eliminar la historia. En la sociedad salteña han circulado muchas representaciones sobre Miguel Ragone que hablan del panorama en el que se recupera el pasado: desde un gobernador combativo y terco hasta el médico del pueblo. Quizás en los últimos años la memoria del gobernador desaparecido se ha cristalizado. Se destaca su bonhomía, franqueza, austeridad y muchas veces se habla del prestigio de su profesión (todas verdades), pero estas representaciones tiendan a borrar lo estrictamente político del caso Ragone. Al fin y al cabo, quien desapareció es el gobernador en el marco de una represión emanada desde el Estado: la intervención federal debe ser pensada como un nudo más en un continuo creciente del autoritarismo y recordada por los salteños como un Golpe Institucional. En ese sentido, desde la recuperación de la democracia, el Estado provincial (que debería ser la herramienta más poderosa de inclusión) sigue siendo el bastión de las diferencias de clase.

A cuarenta años de la desaparición del médico popular, los salteños deberíamos recordar la movilización que acompañó a su gobierno, el panorama de militancia y efervescencia social. Deberíamos tener presente uno de los breves (brevísimos) instantes que desde el Estado se soñó con una sociedad más justa.