Pobladores originarios podrían sumarse a la demanda por desmontes

Luego de la demanda civil presentada ayer por el procurador General de la Provincia, Pablo López Viñals y la fiscal Civil Griselda Nieto, contra los productores Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen por el pago de la suma de $171 millones por realizar desmontes ilegales, la jueza de Tartagal Claudia Yance comenzó a darle trámite.

Pobladores originarios y criollos que debieron migrar por los desmontes pueden solicitar ser parte en el proceso dado que la jueza le dio a la demanda el trámite de acción colectiva, es decir como promovida por varios actores con derecho a hacerlo por haber sufrido algún perjuicio.

En el caso de los lotes de los Karlen, la devastación de flora y fauna obligó a la migración de criollos y comunidades originarias y afectó particularmente a dos especies que se encuentran en vías de extinción.

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La demanda presentada ayer exige la condena debido a que  la audiencia preparatoria fijada a partir de la primera demanda planteada meses atrás por el Ministerio Público Fiscal debía celebrarse en abril pasado, pero los productores no comparecieron, por lo que la jueza dio por concluida la medida quedando en condiciones de proseguir con el trámite sumarísimo de la acción principal y dictar sentencia.

La suma exacta que se le exige a los Karlen a pagar es de $171.413.473, con la que  se pretende mitigar el daño producido y poner en marcha un plan de reforestación que surgió de un estudio integral ordenado por la jueza y que coordinó el Cuerpo de Investigadores Fiscales e incluyó a profesionales de la Universidad Nacional de Salta y de Buenos Aires, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Dirección de Bosques de la Nación.

Los hechos que se imputan a los productores se produjeron entre 2012 y 2013 en la finca Chuchuy ubicada cerca de Hickman y comprende las matrículas 30746 y 30747 en el departamento San Martín abarcando 11.875 hectáreas.

Ya existe un antecedente similar

No es el primer trámite que por daño ambiental lleva adelante la jueza ya que intervino homologando un acuerdo, en la causa 25006, entre el Ministerio Público Fiscal y la firma Sierra San Antonio donde la empresa se comprometió a realizar un plan de reconstitución, rotación de cultivo soja maíz con cronograma de trabajo y además reforestación de cortina de baja densidad arbórea.

“El acuerdo cumple el resguardo de interesas de incidencia colectiva y nada obsta su homologación”, dijo la jueza en aquella sentencia.