Cárceles federales en Salta: alertan elevadas cifras de muertes violentas y malos tratos

Según el informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, la cantidad de fallecimientos en el penal federal de Güemes fue el de mayor gravedad detectada en el último año.

15 Jun 2017
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Imagen ilustrativa. Foto tomada de infodiez.com

Durante el 2016 se registraron cinco muertes en el Complejo Penitenciario Federal III de General Güemes, de las cuales tres fueron en situaciones violentas, según el último informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). Lo preocupante de esto es que en los cuatro años anteriores, desde la inauguración de este establecimiento, solo se habían registrado tres decesos y ninguno fue en hechos violentos.

Este notable aumento de fallecimientos en el penal de la provincia fue alertado por el organismo, considerándolo como uno de los emergentes de mayor gravedad detectado en el último año.

“Las tres muertes traumáticas en 2016 se han concentrado en menos de tres meses, entre finales de septiembre y mediados de diciembre (...) Todos estos episodios consistieron en muertes violentas en el marco de medidas de fuerza”, resalta el informe, que además dice que estas dramáticas protestas se originaron ante la cancelación de vías legítimas y efectivas para canalizar peticiones y reclamos.

A nivel nacional, el año pasado se produjeron 36 muertes de personas detenidas bajo la custodia del Servicio Penitenciario Federal, 14 de ellas fueron violentas: cinco accidentes en el marco de medidas de fuerza extremas, tres homicidios, tres suicidios y tres muertes accidentales.

Para comprender la gravedad, vale simplemente relacionar los números: en el país hay 30 unidades penitenciarias federales, los decesos violentos fueron 14 y el 21% de estas muertes ocurrieron solo en un penal, el de Güemes, donde se aloja el 4% del total de personas privadas de su libertad por la justicia federal.


“El motivo de los reclamos era, en los tres casos, el mismo: el reintegro al ámbito metropolitano por razones de acercamiento familiar y el cese del régimen de aislamiento. Lejos de resultar una casualidad, esta secuencia de hechos trágicos revela el agravamiento de las condiciones de encierro que sufren los detenidos en ese sector del CPF III de Gral. Güemes”, subraya el informe suscripto por el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Miguel Mugnolo.

El 30 de agosto del año pasado, la Cámara Federal de Salta confirmó una resolución del Juzgado Federal N° 2 que ordenaba al Servicio Penitenciario Federal suspender inmediatamente la recepción de personas provenientes de extrañas jurisdicciones en las unidades emplazadas en la provincia y en Jujuy. Sin embargo, las autoridades penitenciarias incumplieron deliberadamente dicha medida, y de hecho las muertes violentas en Güemes ocurrieron después de esta fecha.

Por otra parte, informa que en el país se registraron 127 víctimas de malos tratos y/o torturas por parte de policías u otras fuerzas de seguridad. La mayoría de los casos se concentran en la Ciudad de Buenos Aires con cien víctimas.

Mientras que las 27 víctimas restantes se distribuyen en el resto de las jurisdicciones, siendo Salta la tercera del interior del país con más hechos de maltrato. En Jujuy se registraron 16 víctimas; cinco en la provincia de Buenos Aires, tres en Salta, una en Santa Fe, una en Misiones y una en Chubut.


La PPN también alertó que la población detenida en cárceles federales se incrementó, llegando a un nuevo récord: a fines de 2016 eran 10.968 las personas privadas de su libertad. Hoy ese número se elevó al 11.497. “Nunca el sistema penitenciario federal había encarcelado a tantas personas. Pero además, en los primeros meses de 2017 se registró sobrepoblación”, resalta el informe.

En las unidades carcelarias de Salta, la población de internos solo supera su capacidad en el Instituto Penitenciario Federal “Señora y Virgen del Milagro” (Cerrillos), donde hay 144 personas y el cupo es de 136. Mientras que en el resto de los penales federales de la provincia, la capacidad en cada uno se encuentra casi al límite.

Pero lo más preocupante -según resalta este informe- es que, además de la elevada cifra de personas privadas de su libertad que se tenga registro histórico, más del 60% está tras las rejas sin condena. 


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