Radiografía de una Salta atravesada por el narcotráfico y la trata de personas

Kilómetros y kilómetros de frontera seca, permeable y descuidada; proximidad a países que llevan décadas siendo productores de drogas; funcionarios, políticos, policías, gendarmes, jueces cómplices y miembros de organizaciones criminales; exclusión, pobreza y falta de oportunidades; falta de cooperación internacional; fueron el caldo de cultivo de una realidad crítica: Salta está total y absolutamente atravesada por el crimen organizado, con actividades que causan sufrimiento, muerte y un crecimiento económico y de poder para delincuentes que resulta extremadamente complejo de combatir.

Si bien los delitos federales que caracterizan a las organizaciones criminales son varios, hay dos que sobresalen y cuya presencia en la provincia y en el NOA es mucho más grande de lo que se imagina: el narcotráfico y la trata de personas, tanto con fines de explotación sexual como laboral.

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Una de las razones fundamentales escapa a la responsabilidad de nuestros funcionarios debido a que es estrictamente geográfica. Salta cuenta con cientos de kilómetros de frontera con tres países: Bolivia, Paraguay y Chile. El primero es uno de los mayores productores mundiales de cocaína y el segundo es el eje del tráfico de marihuana junto a Brasil.

Las características de la frontera son un rasgo determinante y así lo consideró el comisario mayor Mario Ferreiro, director general de Coordinación Internacional de Interpol: “Las características de la zona son complicadas, no es una frontera blindada, hay muchos pasos inhabilitados, es muy permeable en toda la Argentina y eso presenta severos inconvenientes, por eso deberían endurecerse los controles”, sostuvo en diálogo con LA GACETA en el marco de la tercera Jornada de Cooperación Internacional que se hizo en Salta.

En el mismo sentido se expresó Alejandra Mangano, fiscal a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, quien consideró que “Salta y el NOA es un sector que suele ser un lugar de captación de personas y que “al ser muy cercana a la frontera con Bolivia y Chile, lo hace un lugar de tránsito y traslado” e incluso de destino de gente capturada en otros lugares.

El poder del narcotráfico

“Nosotros tenemos todo, tránsito, producción y consumo de drogas”, afirmó Diego Iglesias, fiscal titular de la Procunar (Procuraduría especializada en narcotráfico). Si bien especificó que la producción no se da a gran escala en la provincia ya que, por ejemplo, los principales productores de cocaína son Bolivia y Perú, “Argentina es un país industrializado que genera precursores químicos que esos países necesitan, por lo cual hay un tráfico de ellos que preocupa”.

Iglesias entiende que el narcotráfico, “además de generar ganancias inconmensurables y daños en la salud, tiene la capacidad de corromper todo” y lo ejemplificó con lo que vive Orán (con ex jueces como Juan Reynoso y gendarmes procesados), lo sucedido en Salvador Mazza (con ex concejales involucrados) o en Itatí, Corrientes, con su intendente detenido.

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“El narcotráfico infecta a todos los poderes del Estado, nuestra función es apuntar a esos nichos de corrupción porque no podemos ir por las grandes bandas si tenemos a las fuerzas de seguridad, a los políticos, jueces o fiscales corrompidos”, señaló a este medio.

Eugenio Burzaco, secretario de Seguridad de la Nación, apuntó a otro costado del problema, a su lado más violento: “la droga empeoró la calidad del delito porque quiebra los límites inhibitorios y hace que las personas comentan crímenes más grandes; el propio narcomenudeo trae aparejada violencia ya que las bandas pelean para ver quién controla la calle”, indicó. Salta conoce del tema: el crimen con signos mafiosos de Liliana Ledesma en 2006 y los casos de muertes por ajustes de cuentas, cada vez sorprenden menos.

Uno de los mayores inconvenientes está en el poder corruptor de las bandas que manejan recursos económicos prácticamente ilimitados con una logística y tecnología de avanzada. Burzaco consideró que contra ello es fundamental que la Justicia actúe. “El Estado no puede generar impunidad, aquellos que son responsables del negocio deben ser castigados, es una manera de demostrar que el que las hace, las paga”, sostuvo.

La causa contra el ex juez Federal de Orán, Reynoso, es un paradigma a nivel nacional que demuestra el poder narco y algunas falencias de la estructura judicial. Martín Casares, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación así lo reconoció: “es muy importante porque implica una alerta muy grave que el sistema nos está dando en relación a cuál puede ser la capacidad de un juez o de un fiscal de hacerse cargo en soledad de una jurisdicción tan amplia, con falta de personal, de recursos y de control.

La trata de personas se aprovecha de la vulnerabilidad

Teniendo en cuenta que al decir de Mangano, Salta y el NOA suele ser un lugar de captación, el riesgo que implica ello para las mujeres jóvenes es aún mayor. Según los datos que la misma fiscal aportó, de las personas de entre 13 y 20 años que son buscadas en todo el país, el 70% son mujeres: “esto da cuenta de una especial vulnerabilidad de las chicas”, señaló.

“En general, la desaparición de mujeres jóvenes puede ser por reclutamiento para trata, pero también sucede que las chicas que se van de su casa son más vulnerables de caer en una de esas redes, por eso siempre, frente a la desaparición de una mujer joven, no descartamos ni la trata ni la violencia contra ellas”, añadió Mangano.

La fiscal afirmó que la lucha contra la trata debe darse no solo desde lo penal sino también desde las áreas sociales y de la educación: “hace falta un cambio cultural sobre el rol de la mujer en la sociedad y de la concepción de la prostitución para generar una mayor concientización”, agregó.