Conflicto de tierras: legisladores de los Valles Calchaquíes respaldaron el informe de Lanata

La diputada Guitián, de todos modos, aseguró: “no se puede decir que todas las comunidades originarias se armaron por una finalidad política.”

29 Ago 2017
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FOTO ILUSTRATIVA. Comunidad diaguita calchaquí. FOTO TOMADA DE UPNDSALTA

El informe periodístico “La guerra de la tierra”, que emitió el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata, denunció la creación de supuestas comunidades originarias que se utilizan con fines políticos y ocupan tierras privadas en los Valles Calchaquíes de Salta.

Esta problemática fue ratificada por los legisladores Liliana Guitián (diputada provincial por Cachi) y Dani Nolasco (senador provincial del Departamento La Poma) y aseguraron que el asunto creó conflictos preocupantes entre vecinos y productores de la zona.

“Es preocupante que esto suceda. En La Poma hay conflicto entre vecinos, y a veces en reuniones surgen discusiones, y hay familias o amigos que se pelearon por esto”, contó el miembro de la cámara alta y remarcó que los tiempos judiciales deberían acelerarse para resolver estos asuntos con mayor rapidez y evitar problemas mayores.

Uno de los casos expuestos fue el de Adriana Bonifacio, quien dijo ser dueña de la finca Pueblo Viejo, en La Poma. Ella contó que su propiedad abarca 20 hectáreas, pero 11 de ellas “fueron usurpadas” desde el 2008 por personas que no quisieron seguir arrendando el terreno para la producción, argumentando que las tierras son posesión veinteñal de la comunidad diaguita calchaquí. Bonifacio denunció que esta comunidad originaria es “falsa” y que el cacique utiliza a los miembros con fines políticos.

El cacique de la comunidad que menciona Bonifacio es Armando Salva, hijo del exsenador provincial de ese Departamento, Telmo Salva. El denunciado no solo afirmó su descendencia diaguita calchaquí, sino que también dijo que fue designado líder vitalicio de aquella comunidad en una asamblea.

Programa de Lanata: denunciaron la utilización política de los pueblos originarios en Salta

En Payogasta, otro productor rural denunció la usurpación de una parte de su propiedad, la finca La Soñada. Edgardo Nieva contó que hace seis años compró el terreno. Pero “me fue arrebatada, usurpada por Salva y su familia”, aseguró.

Con documentos falsos, según dijo, miembros de la comunidad diaguita calchaquí “estaban atrincherados” en su propiedad. Convivieron cuatro años y medios hasta que la Justicia se expidió a favor de Nieva.

Sobre este tema opinó la legisladora Guitián y destacó que en este caso “se dio el caso de que una persona vendió el terreno de dos maneras diferente”. Al igual que Nolasco, la diputada reconoció que estas cuestiones irrumpen la tranquilidad de los habitantes pero también cuestionó el trabajo realizado por el programa PPT. “La información que se difundió tiene una intención clara. Por derecho constitucional se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y su propiedad comunitaria de las tierras”, acotó.

La dirigente justicialista también indicó que leyes provinciales como la de “Agricultura familiar” permitirá resolver de forma más expeditiva estas cuestiones y enfatizó: “no se puede decir que todas las comunidades originarias se armaron por una finalidad política”.

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