Un asentamiento de Salta figura entre los más críticos del país

De un total de 2.153 asentamientos revelados en el país, por la organización no gubernamental Techo, figura uno de Salta como los tres más críticos en cuanto vulneración de derechos. Se trata de Lapacho III, ubicado en Tartagal.

Los otros dos asentamientos están en Berisso (Buenos Aires) y Rosario (Santa Fe). Los tres encabezan un índice de vulnerabilidad territorial presentado hoy por la ONG, que expuso su preocupación por la falta de políticas públicas para abordar la ausencia de servicios básicos en esos lugares y aseguró que en el período 2013-2016 no hubo mejoras en los más de dos mil barrios precarios que relevó en Argentina.

Para la confección de este documento se construyó un Indice de Vulnerabilidad Territorial (IVT) en el que se clasificó en una escala de 1 al 4 -media; media alta; alta y crítica- el grado de vulneración de derechos que existe en los distintos barrios.

Los Provincianos, de Berisso; Lapacho III de Tartagal y La Lagunita en Rosario demostraron mayor grado de vulnerabilidad, por lo que ingresaron en la categoría "crítica", es decir que no cuentan con ninguno de los servicios básicos.

Asimismo, en el 53% de los barrios relevados no ingresan las ambulancias, se inundan cada vez que llueve y no cuentan con acceso a los servicios básicos, por lo que entraron en la categoría de vulnerabilidad 'alta', mientras las provincias con mayor incidencia de ese tipo de asentamientos son de Corrientes, Santa Fe, Río Negro y Neuquén.

“Para poder llevar adelante políticas públicas respecto de esta problemática es necesario tener información, por lo que es fundamental este tipo de relevamientos”, sostuvo Virgilio Gregorini, director ejecutivo de Techo, durante la presentación del documento que relevó los datos del período 2013-2016.

En ese período "no hay cambios significativos en ninguna de las once variables del índice de vulnerabilidad”, aseguró.

En este sentido, Gregorini señaló que para la construcción del IVT fueron los vecinos de cada barrio los que ponderaron las distintas variables (acceso a los servicios básicos, la cercanía geográfica a factores de riesgo como basurales o torres de alta tensión, el impacto de las inundaciones o el ingreso de los servicios de emergencias como bomberos o ambulancias), otorgándoles la prioridad que consideraban.

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Otros factores que se tuvieron en cuenta a la hora de determinar el IVT fueron la titularidad de los terrenos; la cercanía a los centros de salud y a los establecimientos educativos; disponibilidad de alumbrado en las calles; disposición de servicios de recolección de residuos; acceso a calles asfaltadas y la cercanía a medios de transportes públicos.

"Es el Estado quien debe garantizar los mínimos derechos a los vecinos de estos barrios, queremos que haya un compromiso de gestión por parte de los gobiernos, un compromiso a 10 o 20 años pero que resuelva los problemas estructurales que tengan estos asentamientos”, dijo Agustín Burgos, miembro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), quien participó de la presentación.

Según el último informe realizado por Techo en 2016, el 93,81% de los 4.100 asentamientos informales censados, no tenían acceso a agua potable, y más del 98% no contaban con acceso a cloacas.