Buscan que comunidades campesinas y originarias colaboren con el cuidado del bosque nativo

Un estudio realizado por el Banco Mundial determinó que la pobreza y la presencia de bosques están íntimamente vinculados en países en desarrollo de todo el mundo. Argentina no es la excepción y la profundidad de ese vínculo tiene mucho que ver, según ese mismo estudio, con la degradación de los recursos naturales.

En una estrategia diseñada para revertir esos efectos y para construir aliados en el territorio, el Banco Mundial puso en marcha el financiamiento de programas especiales que en Argentina tomaron la forma del proyecto Bosques Nativos y Comunidad, coordinado por la Dirección de Bosques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Se trata de un plan que en cinco años prevé invertir 58 millones de dólares en Salta, Santiago del Estero, Chaco, Misiones y Jujuy y que en la provincia ya resultó en la implementación de 18 Planes Integrales Comunitarios en comunidades del departamento Rivadavia y San Martín.

Según Diego Moreno, secretario de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable de la Nación, Salta es una de las seis áreas prioritarias para el programa de restauración de bosques nativos degradados y señala que gran parte de la pérdida de bosques, sobre todo en áreas amarillas, tiene que ver con que "no tenemos modelos establecidos, a escala y que funcionen para generar que las comunidades que viven en ese bosque tengan oportunidades de desarrollo". Sin hacer demasiados señalamientos a los desmontes ilegales y a las polémicas por las recategorizaciones del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que se aplicaron en Salta por decreto del gobernador Juan Manuel Urtubey, Moreno apunta a los habitantes de esos bosques como los actores principales de la conservación.

Para Giovanni Ruta, economista ambiental del Banco Mundial y uno de los ejecutores a cargo del programa en Argentina, la clave del éxito o el fracaso del proyecto está en comprometer a estas comunidades pero desde las ventajas que implica convertirlas en aliadas estratégicas del cuidado de los bosques nativos. "Hay que crear un doliente y empoderarlo, un agente o grupo de personas que saquen provecho del valor sustentable del bosque ", dice a LA GACETA y agrega que de esta manera se establecen mercados para las comunidades que viven de ese bosque. "Las personas ven que para ellos tiene un valor y cuando este doliente está en el terreno, lo que le pasa al bosque tiene otra respuesta y el Estado que aplica la ley ya tiene un aliado en el terreno".

Solo apto para pacíficos

El acceso a esas inversiones no es sin embargo libre y gratuita. Una de las condiciones que impone el programa es que las comunidades deberán demostrar una ocupación pacífica de al menos una década en el territorio donde planean desarrollar su plan de manejo sustentable del bosque. Ahí comienza el cuello de botella, porque en el caso de Salta, la conflictividad es parte central de los problemas que hoy involucran a las tragedias de las comunidades originarias.

Según la Dirección de Políticas Territoriales del Ministerio de Asuntos Indígenas de la Provincia, en Salta hay 397 comunidades de pueblos originarios que ocupan unos dos millones cuadrados de hectáreas, pero cuya influencia y zona de abastecimiento natural alcanza los cinco millones. Ese hábitat, que hoy sin embargo se reduce a mucha menos superficie, permanece en la mayoría de los casos en situación de litigio, sin que la justicia se haya expedido de manera formal sobre su propiedad.

Para Ruta, la definición de esta situación es parte central del problema al que se aborda en el programa de Bosques Nativos y Comunidad. "Este proyecto ofrece una doble oportunidad: permite que se defina un mapa y además provee los insumos para que la comunidad pueda hacer lo mejor que pueda con ese espacio, que desarrolle industria, ganadería integrada en los bosques", anuncia y agrega que el objetivo es "ser un instrumento para proteger a las comunidades más vulnerables".

Horacio Levit, coordinador técnico del programa nacional, explica que la condición de ocupación pacífica se impuso durante las discusiones con el Banco Mundial para el otorgamiento del crédito. "Había que establecer un criterio para garantizar que no habría conflictividad en el territorio donde vamos a trabajar. Estamos tratando de que cada PIC haga un inventario de bosques y un plan de manejo forestal para luego llegar con inversiones, entonces tenemos que garantizar que esas inversiones no se harán sobre un territorio en disputa o conflicto", dice.

Según el técnico, en Salta hay 18 PICs en formulación, dos por parte de la unidad ejecutora provincial y siete a cargo del Inta, de Asociana, y del programa de Agricultura Familiar en el lote 55/14.

Otra condición que impone el programa es que los fondos no se transferirán a las provincias ni a las comunidades, sino que una vez que se aprueban las ideas propuestas por las comunidades, es el gobierno nacional quien ejecuta las obras en el territorio.