La reforma previsional puso a Macri contra las cuerdas

La reforma previsional impulsada por la administración de Mauricio Macri, por las repercusiones y actos de violencia que precedieron a su ajustada sanción en Diputados en la madrugada del martes 19 de diciembre, se convirtió en uno de los hechos políticos más significativos de 2017.

Fuera de la convulsión generalizada que provocó la sanción del proyecto jubilatorio, el oficialismo de Cambiemos logró aprobar, tras un extenuante debate de 12 horas en la Cámara Baja, la iniciativa que reformula el cálculo para la actualización de las jubilaciones, con las que el Gobierno aspira a conseguir en 2018 un ahorro de unos $ 70.000 millones.

La ley previsional incluye un nuevo mecanismo sobre aumentos de haberes (un 70% del índice inflacionario y un 30% de la variación de salarios), 82% móvil a los beneficiarios de la jubilación mínima y la extensión optativa de la edad jubilatoria a los 70 años.

La ley también cambia el cálculo del salario familiar, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones sociales. En medio de las tensiones, el Poder Ejecutivo oficializó que en marzo de 2018 los jubilados recibirán un bono compensatorio, de parte de la Anses. Cuando la norma se aprobó primero en el Senado, a fines de noviembre, más allá de las discrepancias verbales propias de defensores y críticos de un proyecto de ley, no había en verdad señales claras que permitieran adivinar que el tránsito de la reforma previsional por Diputados sería tan accidentado y violento.

El Gobierno consiguió la aprobación de la reforma, mientras en las adyacencias del Parlamento se renovaban los incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad; fue al cabo una jornada que terminó con 162 heridos, entre ellos 88 policías, y 61 detenidos.A eso continuó una serie de cacerolazos de protesta en distintos barrios de la Capital y, en menor medida, en el conurbano bonaerense.Pero para remontarse al origen de esta historia hay que retrotraerse al acuerdo que alcanzó Macri, tras las elecciones del 22 de octubre, con los gobernadores por un nuevo pacto fiscal, alrededor de tres reformas centrales: la previsional, la laboral y la impositiva.

Pasado el trámite del Senado, el Gobierno buscó acelerar el expediente de la reforma previsional y así se produjo el primer intento -infructuoso- de aprobarla en  Diputados, el jueves 14 de diciembre, configurándose un escenario que anticiparía lo que estaba por venir. Igual que el lunes 18, el saldo arrojó varios heridos, detenidos y un clima inquietante. Aquel día hubo también una concurrida manifestación que terminó chocando con miembros de la Gendarmería, encargada de la custodia del Palacio Legislativo; adentro, el debate perdió toda forma parlamentaria: diputados del kirchnerismo y de la izquierda se llevaron literalmente por delante a Monzó, reclamándole la “inmediata suspensión” de la sesión.

Viejos cronistas del Congreso no recuerdan haber visto jamás un episodio de esas características; finalmente fue Elisa Carrió, la que por el oficialismo pidió suspender semejante desprolijidad; los legisladores K argumentan que no fue la sensatez de Carrió la que puso fin al bochornoso espectáculo, sino la hipotética “falta de quórum” de Cambiemos para seguir adelante.La batalla previsional provocó un considerable desgaste a toda la dirigencia política. Y un tendal de acusaciones: el Gobierno sostiene haber sufrido un “orquestado ataque golpista”, y la oposición habla del “saqueo a los jubilados” por parte de un “gobierno ajustador”.También pagó un caro precio por esta norma la CGT, que quedó al borde de la fractura después de acentuarse las diferencias internas metodológicas, expresadas en la convocatoria de un paro general (el segundo contra Macri) que consiguió una adhesión más que limitada.

(Télam)