La Justicia salteña persigue a cuatro de los prófugos más buscados del país

Para intensificar la búsqueda de aquellos prófugos que la Justicia salteña requiere para avanzar causas que investiga, jueces y fiscales aportaron los datos de los evadidos al Registro Nacional de Reincidencia, que fue creado para para difundir los datos de los hombres y mujeres más buscados del país.

En el listado, que es renovado diariamente, figuran decenas de personas buscadas en todas las jurisdicciones del país por los más diversos delitos, desde drogas, hasta homicidios y abusos sexuales, pasando por lesiones y secuestros.

Como no podía ser de otra manera, la Justicia salteña tiene causas en las que los principales sospechosos e imputados están fugados y por eso, jueces y fiscales han solicitado la publicación de sus nombres en ese listado con la expectativa de lograr encontrarlos.

Los buscados por la Justicia de Salta

José Miguel Farfán es un nombre conocido en los pasillos de la Justicia Federal de Salta y figura en el sitio web del Ministerio de Seguridad de la Nación y en el Registro Nacional de Reincidencia, entre otros delitos, por narcotráfico.

El hombre de 57 años fue condenado por homicidio, por cohecho activo y por tráfico de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en grado de partícipe necesario, y asociación ilícita en carácter de miembro, ambos en concurso real. Se lo considera integrante de una organización delictiva dedicada al narcotráfico en la modalidad de vuelos clandestinos. 

Su nombre está relacionado a causas emblemática como la que tiene procesado al ex juez Federal de Orán, Raúl Reynoso, por encabezar una asociación ilícita que habría cobrado coima para beneficiar a detenidos por narcotráfico.

Su desaparición se dio en el marco de un hecho más que llamativo y que lo vincula a otra causa paradigmática. La última vez que se lo vio fue cuando se presentó en una de las audiencias del juicio en el que estaba acusado junto al ex juez Federal (después condenado) José Antonio Solá Torino. En aquella causa, la Justicia condenó al ex magistrado por haber cobrado una coima de Farfán para levantarle una orden de captura en su contra. Se escapó de la justicia desde el 10 de noviembre de 2015.

Gustavo Leonardo Roldán es buscado desde diciembre de 2016 por haber chocado y abandonado a Diego Gabriel Rolando Ríos, quien falleció luego, producto de los golpes. Su nombre figura en el Registro Nacional de Reincidentes.

El 6 de noviembre del año pasado, la víctima viajaba en su motocicleta cuando fue impactado por Roldán, que manejaba su camioneta Duster en la avenida Paraguay al 1.400. El acusado huyó y sigue prófugo de la Justicia.

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Según la investigación fiscal, luego del accidente Roldán se dirigió a su vivienda y sus familiares lo ayudaron a darse a la fuga. La fiscalía comenzó a realizar distintas diligencia a fin de dar con su paradero y generó que se tramitaran ante el Juzgado de Garantías 7, a cargo de la jueza Edith Rodríguez, diversas medidas para lograr su captura, como por ejemplo intervenciones telefónicas.

Las medidas de la Fiscalía tendientes a encontrarlo no daban resultado hasta que se supo el por qué: la policía descubrió que Roldán es pariente de la esposa del empleado judicial, Juan Omar Cimino, quien casualmente se desempeña en el mismo juzgado en donde se gestionaban las diligencias judiciales para lograr la detención del conductor. Cimino fue imputado por encubrimiento agravado por ayudar a la familia Roldán con la información.

Gustavo Ernesto Paz, de 29 años, es buscado desde el 24 de octubre de 2016, su caso es otro de los reflejados por el Registro Nacional de Reincidentes.

Tiene una causa en la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán por amenazas con arma, lesiones leves agravadas por haber existido relación de pareja y violencia de género. 

Miguel Ignacio Treglia, de quien se cree que tiene alrededor de 30 años, es buscado desde el 22 de septiembre de 2016 por la Fiscalía Penal de Delitos Contra la Integridad Sexual número 3.

Enfrenta una causa en la que está imputado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia y abuso sexual con acceso carnal agravado por el mismo motivo. Además, lo que es aún más grave, es que la víctima es una niña menor de edad.