Los centros de detenidos federales en Orán están colapsados

La presentación de un hábeas corpus por parte de la Defensora Pública Oficial de Orán en favor de los detenidos alojados en el Escuadrón nº 20 de la Gendarmería Nacional desnudó, una vez más, el colapso de los centros de detención en la localidad norteña.

El recurso derivó en un fallo del juez Federal de Orán, Gustavo Montoya, del 15 de noviembre de 2017 en el que ordenó el traslado de dieciséis internos -en un plazo de cinco días- hacia las distintas unidades carcelarias federales que se encuentren más próximas a esta jurisdicción. Sin embargo, el Servicio Penitenciario Federal de Salta y Jujuy apeló sosteniendo que no cuentan con espacio suficiente.

 Desde la Cárcel alegaron que son ellos quienes están facultados para distribuir las personas alojadas en el ámbito federal, ya que cuenta con una visión global del estado del sistema carcelario y no la Justicia considerando que el juez se extralimitó en su decisión.

Precariedad y hacinamiento

La Defensoría Oficial presentó el hábeas corpus el 9 de octubre del año pasado luego de constatar las graves condiciones en las que se encuentran detenidos los amparados en el Escuadrón nº 20 de la Gendarmería Nacional y de considerar que el agravamiento en las condiciones de detención es producto de la inacción del Servicio Penitenciario Federal.

“Hacinados, sin servicios básicos y por tiempos de encierro prolongados”, fueron algunos de los conceptos descriptos en la presentación en donde el defensor aclara que la solución tampoco radica en traslados arbitrarios a otras partes del país, por cuanto ello significa un desarraigo del detenido y un alejamiento de su familia.

Gendarmería Nacional incorporó las planillas de las personas detenidas en el citado Escuadrón, donde consta que la capacidad de alojamiento en los calabozos es de 12 plazas y se encuentra sobrepasada, llegando en algún momento a albergar a 37 detenidos al 17 de octubre del año pasado y que algunos de los cuales se encontraban por más de tres meses.

El 13 de octubre, previo a resolver la acción de habeas corpus, el Juez Federal de Orán ordenó el traslado de 19 detenidos que se encontraban alojados en el Escuadrón por más de cinco días, solicitando a todas las unidades carcelarias de la región que otorgaran los cupos correspondientes.

Sin embargo, la Cárcel Federal de Jujuy (nº 22), como las Unidades nº 23 y nº 16 de Salta informaron que no contaban con cupos disponibles para recibir nuevos internos, aclarando que existen 86 traslados a la región en lista de espera.

Los jueces cuestionaron que el Servicio Penitenciario Federal no haya llevado adelante planes de acción a corto plazo para esta región

El 18 de ese mismo mes, el Ministerio Público Fiscal efectuó una visita al Escuadrón nº 20 de Orán donde quedó documentado que habían 36 detenidos alojados y que “al ingresar a las celdas, se observa que las mismas se encuentran completamente llenas por las pertenencias de los detenidos, además en el pasillo que da al baño se encuentran colchones amontonados” a lo que se agregó que “los detenidos expresan que duermen amontonados por carecer de espacios” incluso para esparcimiento y visitas.

Dos instancias judiciales fallaron en contra del Servicio Penitenciario

El fallo del juez de Orán fue ratificado en segunda instancia por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta con la rúbrica de los jueces Renato Rabbi Baldi y Mariana Catalano, quienes dispusieron que el Servicio Penitenciario debe asigne los cupos necesarios en las unidades carcelarias más cercanas a su jurisdicción para que se proceda al traslado en el plazo de cinco días de los detenidos alojados en el Escuadrón nº 20 de la Gendarmería Nacional.

En ese sentido, le cuestionaron que no haya llevado adelante planes de acción a corto plazo para esta región más allá de aquellas medidas que fueron referidas por el Comité Especial de Crisis reunido el 2 de mayo de 2017 en la Dirección Nacional de esa institución sobre la refacción del Complejo Penitenciario Federal NOA nº 3 (prevista para el primer trimestre de 2019) y la creación tanto del Centro Penitenciario Federal de Yuto (tercer trimestre de 2019) como de la Cárcel Federal de Orán (sin fecha aproximada de ejecución).

Los jueces resaltaron que se tratan de obras que implican plazos de ejecución prolongados que, a la luz de la situación de los detenidos en dependencias de las fuerzas de seguridad, no resuelven en lo inmediato el núcleo del problema. Además, remarcaron que la solución debe incluir no sólo los servicios básicos, a saber: mobiliario, abrigo, luz (natural y/o artificial), ventilación, sanitarios, higienización y alimentación adecuada, atención médica, etc…, sino que posibiliten también el trabajo, el estudio y el esparcimiento de los internos.

Por ello, en su fallo, la Cámara exhortó a la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal para que adopte una postura proactiva que lleve, en lo inmediato, soluciones concretas que permitan neutralizar en el corto plazo la irregular situación de hacinamiento en dependencias de la Gendarmería Nacional o de las policías provinciales de la jurisdicción.

En la misma resolución, recomendó al Juez de grado que articule actuaciones conjuntas con los fiscales y defensores federales de la jurisdicción y con las autoridades penitenciarias y del resto de las fuerzas de seguridad, para arribar a propuestas, protocolos y formas de comunicación efectivas con el objeto de buscar puntos en común y soluciones posibles de pronta implementación para superar la actual crisis carcelaria que se padece en la región.

También instó al Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría Pública Oficial a que en lo sucesivo, cuando desde la administración penitenciaria se brinden propuestas alternativas -aun provisorias- para responder a la demanda de cupos carcelarios, adopten una postura de entendimiento razonable evitando una mayor litigiosidad jurisdiccional.

Hacinamiento en centros de detención de Orán