El año pasado Cristian Gallardo, “Guri” Farfán, Martín Carreras y David Neri Ovejero Alfonzo, tuvieron algo en común: los cuatro se convirtieron en víctimas de gatillo fácil, en manos de la Policía de Salta.
El abuso de poder de los policías hacia los sectores más vulnerables, explican, se convierte en otra de las discriminaciones que sufren. Los que menos tienen deben vivir con el miedo a perder sus vidas en algún atropello policial.
Así lo vivió Jorge “Guri” Farfán, de 24 años, en la madrugada de aquel viernes 8 de febrero del año pasado cuando fue detenido luego de que lo acusaran de robo. El joven murió luego de sufrir fuertes golpes que le dio la familia que llamo al 911, cuando fue trasladado a la comisaria 12 de barrio Santa Ana.
Con lágrimas en los ojos y una esperanza que no pierden, los familiares de Guri marchan para reclamar justicia. Según ellos, la Policía de Salta es responsable por haberle negado la asistencia médica que necesitaba y dejarlo morir.
“Los policías están para protegernos, para salvar la vida, no para quitárnosla. Cuando la policía asesina a una persona pobre comienza el asesinato sistemático, esto pasa en cada uno de los casos. La vida de los pobres no tiene ningún valor”, relata el padre de Guri, Jorge Farfán, a LA GACETA.
Foto archivo: LA GACETA
El 21 de junio del 2019, Martín Rodrigo Carreras fue otro de los jóvenes que murió cuando era trasladado en un móvil policial. Falleció a los 23 años, en la caja de una camioneta y su familia todavía desconoce los detalles de lo sucedido. Hoy, reclaman porque los policías que formaron parte del operativo siguen trabajando.
Al día siguiente (22 de junio de 2019) David Neri Ovejero Alfonzo, de 44 años, murió cuando tres policías lo rodearon y uno de ellos apretó su cuello. David dejó de respirar, se descompensó y perdió la vida sin tener asistencia médica. Estaba intentando mediar en la disputa por un terreno en Villa Floresta ayudando a una mujer que era desalojada junto a sus hijos.
Sin embargo, los policías responsables de estas dos muertes solo fueron imputados, pero ninguno cumple condena en una cárcel. “Buscan criminalizar a la pobreza en todo sentido”, aseguró otro de los familiares.
Un video puso en evidencia el maltrato policial que sufrió Cristian Gallardo minutos antes de su muerte. En él se escucha su voz de fondo que suplicaba “mamá”.
Foto archivo: LA GACETA
Ese mismo año, el 25 de agosto, murió en Finca Independencia Cristian Gallardo, de 23 años. Su vida terminó en una caja del móvil policial convirtiéndose así en otra víctima de abuso de poder. Un video puso en evidencia el maltrato policial que sufrió minutos antes de su muerte. En él se escucha su voz de fondo que suplicaba “mamá”. Según su familia, tuvieron “suerte” de conseguir este registro para que el caso no quedará en la nada.
Su hermana, Mariel Gallardo, con una voz angustiante que refleja no solo la pérdida de su hermano sino además la resignación de la actuación judicial, comenta a LA GACETA que Cristian no merecía morir de esa manera que merecía ser juzgado en una cárcel no con la muerte.
“Se lo extraña mucho a mi hermano, él era familiero y el único hijo varón de mi mamá. No tenemos contención, nadie nos ayuda. Mientras ellos están con su familia disfrutando de su prisión domiciliaria, nosotros no tenemos a mi hermano”, subraya la hermana del joven.
Siguen los mismos relatos: “La policía actúa en represión hacia la gente pobre, pero si alguno de nosotros mata a alguien ya estaríamos cumpliendo una condena en la cárcel”.
Foto archivo: LA GACETA
Todos estos casos tienen algo en común, nada los diferencia, sus vidas fueron usurpadas en operativos policiales.
Sus familiares siguen en pie y reclamando justicia por las calles de la ciudad, con la imagen del rostro de sus difuntos como bandera.