Cuando se instauró la enseñanza católica obligatoria en 2008, hubo una acción de amparo, que prosperó en las instancias inferiores de la justicia provincial: un magistrado ordenó que cesara la enseñanza obligatoria en las escuelas públicas porque "el Estado -consignó el fallo- no puede sugerir, orientar o fomentar un credo, máxime en un sector vulnerable como el de los niños".

El caso llegó a la Corte local. En una primera instancia el máximo tribunal provincial resolvió a favor de la constitucionalidad de enseñanza de ese credo en las escuelas públicas, a la vez que mandó arbitrar "un programa alternativo para quienes no deseen ser instruidos en la religión católica".

Entonces, un grupo de madres y una asociación de docentes presentaron un recurso extraordinario que fue habilitado con la firma de los jueces Guillermo Posadas, Abel Cornejo, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman de Martinelli, junto con la camarista Graciela Carlsen.

Para conceder el recurso los magistrados de la Corte salteña evaluaron que "se han puesto en tela de juicio disposiciones locales por lesionar normas de la Constitución Nacional y de los Tratados Internacionales".

Ahora la Corte nacional debe intervenir para determinar "si esas normas provinciales colisionan, o no, con los principios contenidos en las disposiciones superiores".