BUENOS AIRES.- El intendente de Pinamar, Martín Yeza, denunció que fue extorsionado por un grupo de cuidacoches tucumanos, también conocidos como "trapitos", que se resiste a abandonar esa ciudad turística. 

Hasta la semana pasada, no había forma de estacionar el auto en Pinamar sin que un “trapito” se acercara trotando y anunciara su tarifa: 20 pesos de día, 50 y hasta 100 pesos de noche, destaca Clarin.com. Pero el último lunes entró en vigencia una ordenanza municipal que sólo permite cobrar por cuidar coches a los que viven en Pinamar hace al menos dos años, lo que dejó fuera del negocio a siete de cada 10 cuidacoches. 

“A principios de diciembre detectamos que habían llegado en masa de otras provincias, como grupos organizados. Además, la gente se quejaba y se generaban situaciones de violencia”, explica Matías Yeannes, secretario de Seguridad municipal. La mayoría de los trapitos "golondrinas" llegaron desde Tucumán y Santiago del Estero. Yeannes dice, además, que desde que empezaron los operativos de control detuvieron a cuatro personas con pedidos de captura activos. 

El problema es que la prohibición de seguir trabajando como trapitos no fue tomada con calma por algunos de ellos. Según Yeza, el jueves pasado lo fueron a buscar para pegarle. Eso “porque dejamos afuera a los que vienen en temporada a modo de mafia”, dice. El punto cúlmine de la disputa fue el sábado, cuando empezó a circular un video en el que Carlos, uno de los trapitos tucumanos, exige al municipio “un subsidio de 15.000 pesos para todos los cuidacoches que él ha dejado en la calle”. El municipio se los negó. Algunos decidieron irse, “pero hay otros que, cuando la Policía los saca, se van y vuelven más tarde, o se van cambiando de lugar”, dice Yeannes.

Los “trapitos en lucha” dicen que el año pasado los dejaban trabajar “tranquilos”. “¿Y ahora? Un boleto para volvernos a Tucumán vale como 2.000 pesos, ¿quién nos paga eso? Nosotros no venimos a robar, necesitamos trabajar”, argumenta uno de ellos. Su plan era quedarse hasta marzo (dicen que el Gobierno de Tucumán les pagó el pasaje, vinieron con sus hijos y acá pagan 2.000 mensuales de alquiler): algunos venden churros en la playa, otros cuidan coches. Pero ahora, también para vender en la playa les exigen tres años de residencia.