Narcotráfico, pobreza estructural, falta de oportunidades, complicidad estatal, falta de controles y la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y en la justicia, forman un coctel explosivo difícil de controlar.
Desde hace algunos años el nombre de la ciudad de Orán, en el extremo norte de la provincia, aparece en la crónica de casi todos los operativos antidrogas que la Policía Federal o Gendarmería Nacional llevan adelante en distintos puntos del país: es la ciudad desde donde parte el cargamento.
Orán, una ciudad con 120 mil habitantes y con grandes índices de trabajo informal, se convirtió en el lugar preferido de muchas bandas dedicadas a los negocios ilícitos, entre ellos el del bagayeo y el narcotráfico.
Son varios los motivos por los que la actividad ilícita creció en Orán. Sin embargo, hay uno que tal vez sea el principal: hacia fines de los 90, cuando los piquetes bloqueaban la ruta 34 que conecta Yacuiba con Salvador Massa y, más acá, con Tartagal, en protesta por los despidos en YPF, la desocupación y la crisis, el paso de la mercadería ilegal se trasladó a la frontera que une, o separa, Aguas Blancas con Bermejo y a la ruta 50.
Orán, cuya economía hasta entonces dependía del Ingenio y de la fruticultura, se convirtió en una ciudad diferente: los tours de compras, que antes pasaban por la zona de Tartagal, se trasladaran a la zona de Orán, donde los controles eran menores. La ruta de Orán significa, además, 100 kilómetros menos hasta la frontera.
Frontera fuera de control
La situación de la frontera en Orán es muy compleja. Para llegar hasta el límite con Bolivia hay que viajar 47 kilómetros, unos 35 minutos en auto, por la Ruta nacional 50 hasta el pueblo de Aguas Blancas, convertido en municipio recién en diciembre de 2015, con una población de 4.500 habitantes.
En Aguas Blancas se encuentra el paso fronterizo Puerto de Chalanas que conecta a la Argentina con la localidad de Bermejo, en Bolivia. Para llegar al lado boliviano, o volver a la Argentina, es necesario cruzar, por diez pesos, en pequeñas embarcaciones, a las que llaman chalanas, el Río Bermejo, límite natural entre ambos países en esa zona.
Por el puesto de Migraciones del Puerto de Chalanas transitan unas nueve mil personas diarias, el doble de la cantidad de habitantes que reside en Aguas Blancas.
A trescientos metros de ese puerto, empieza la actividad ilegal: bagayeros, a bordo de gomones, cruzan la mercadería por el Río Bermejo. Y ya en territorio argentino los grandes bultos son ingresados por caminos alternativos que evitan los minuciosos controles de la AFIP y de Gendarmería. En esos caminos la presencia de uniformados es insuficiente y uno o dos gendarmes solo atinan a mirar y revisar por encima las lonas de los pasantes.
Según relata la gente del lugar, unos cuantos metros más allá, las “mulas”, atraviesan el límite con la droga, fuera de todo control.
El murallón
Una vez que los bagayeros llegan a tierras salteñas, cargan la mercadería en vehículos para que sea trasladada a Orán por la ruta 50. Se ven desde Ford Falcon modelo 60, repletos de ropa, artículos de bazar, juguetes, que casi se arrastran por el suelo hasta camionetas 4 x 4 último modelo.
Pero antes de llegar al puesto de Gendarmería 28 de julio, a mitad de camino entre Aguas Blancas y Orán, los autos y camionetas se vacían y los pesados bultos, de más de 60 kilos cada uno, son llevados, otra vez, en las espaldas de los bagayeros por un camino alternativo, que entra en fincas de propiedad privada, entre las cañas de azúcar, para evitar el control. Ese camino, conocido como El murallón, es tierra de nadie y en él se puede comprar desde cocaína hasta una pistola nueve milímetros.
Más adelante del puesto de Gendarmería, los vehículos, que pasaron sin carga el control, esperan que los bagayeros salgan del muro de caña dulce para cargar de nuevo los bultos y llevarlos a la ciudad de Orán.
En Orán, la mercadería es acopiada en una “Playa de transferencias” que la Municipalidad dispuso para esta actividad. Allí, micros llegados desde varios puntos del país esperan ser cargados para volver a sus ciudades.
Todo el circuito de comercialización, traslado y distribución de la mercadería es controlado de cerca por varias bandas, entre las que se encuentra la de los tucumanos.
La convivencia entre las fuerzas de seguridad, municipio y los bagayeros, que son los que inyectan dinero a la castigada economía local, generó un nivel de impunidad difícil de controlar.