Estafa al Pami: ¿qué se le cuestiona a cada imputado?
Conocé las irregularidades encontradas por la auditoría que hizo la Asociación Bioquímica de Salta.
28 Mar 2017
1. Sobre Osvaldo Miranda
Según consta en la auditoría que sirvió de base para la denuncia que Pami presentó en la Justicia Federal, una empleada de la Asociación Bioquímica de Salta denunció haber encontrado una orden facturada por el bioquímico Osvaldo Miranda por un análisis que su madre nunca se realizó. La ABS le pidió al profesional que presente los informes de esa paciente y de dos casos más. El bioquímico presentó los papeles, incluído el de la madre de la empleada que lo denunció.
Los encargados de llevar adelante la auditoría decidieron ampliarla y controla otros casos para ver si existían anormalidades. Se evaluaron otros cuatro casos al azar.
Uno de ellos presenta una falta de coincidencia entre la firma del paciente registrada en la orden con la que consta en su documento.
En el caso de otro paciente, existen tres órdenes de diferentes meses y en cada una de ellas hay firmas distintas.
Todos los pedidos de laboratorios fueron prescriptos por el mismo médico, Víctor Canelada. Hay pedidos con su firma pero escritos con distinta letra.
El laboratorio de Miranda no posee cuba electrorética ni equipo de ionograma, necesarios para realizar análisis de proteinograma electroforético e ionograma; pero presenta resultados de ambos, sin el debido respaldo del laboratorio capacitado para ello.
Los auditores concurrieron a los domicilios de los pacientes cuyos casos se usaron para la auditoría y ellos manifestaron no haber sido atendidos por Miranda, ni reconocieron su firma en los pedidos médicos.
2. Sobre Silvina Díaz
Omar Rija, miembro de la ABS, comunicó a la Comisión Directiva en noviembre de 2016 que se retuvo y se determinó no facturar una orden perteneciente a una paciente que había fallecido en 2015. La orden pertenecía a la bioquímica Silvina Díaz, esposa y socia del presidente de la ABS en aquel momento, el también imputado Enrique Bardi.
Le pidieron a la doctora que presente la documentación y ella negó que la paciente se haya realizado análisis por lo que no disponía de los resultados. En su descargo adujo que su secretaria incluyó por error junto a otras órdenes del Pami a aquella, que estaba “traspapelada y sin fecha”. Esto mismo fue ratificado por la propia secretaria en su descargo, donde confiesa haber agregado la fecha que constaba en los demás (octubre de 2016)
En la fotocopia del DNI de la paciente consta que ella no firmaba pero el pedido cuestionado estaba firmado. Además, la fecha que figura en el estudio es actual, mientras la paciente falleció en 2015.
La auditoría señala que desaparecieron del sector de facturación donde usualmente se archivan, cuatro órdenes ya facturadas en octubre pertenecientes a Díaz.
Como los pedidos médicos extraviados, al igual que los de la paciente fallecida, eran similares, se solicitó al doctor Rija que examine la facturación porque se observaba una alta frecuencia de órdenes de pedidos idénticos y todas prescriptas por el doctor Augusto Sasso.
La auditoría indica que al observar la facturación de Díaz advirtió que en los últimos meses había caído al mismo tiempo que, proporcionalmente, aumentó la de la bioquímica María Elena Almendros, otra de las imputadas. En el caso de ella dicen haber encontrado pedidos del mismo tipo y solicitados por el mismo médico.
Le solicitaron a Díaz que presente la documentación de análisis a 17 pacientes seleccionados al azar y, según consta en el informe de auditoría, la profesional se negó aduciendo que no podía acceder a ella, por lo que los auditores analizaron otras órdenes.
En el caso de una paciente detectaron cinco órdenes con firmas que no coincidían con la de su DNI. El marido de la paciente desconoció las supuestas firmas de su esposa y un domicilio que figura en una de las órdenes.
En otra paciente aparecieron dos análisis similares efectuados en el mismo mes, uno facturado por Silvina Díaz y el otro por Almendros pero prescriptos por el mismo médico. En ellos no coinciden las firmas de la paciente ni su domicilio. La propia paciente dijo que no concurría al laboratorio hacía tres años, desconoció una firma y el domicilio.
Sobre otro paciente figuran dos estudios pedidos por Sasso pero sin coincidencia en la firma del paciente.
El laboratorio de Díaz y Bardi no posee equipo para análisis de alta complejidad, pero aparecieron mayor cantidad de prácticas complejas facturadas que derivadas.
3. Sobre Enrique Bardi
El ex presidente de la ABS era el director técnico del laboratorio en el que trabajaba junto a su mujer (Díaz) y que se ubica en el mismo edificio que el consultorio de Sasso sobre calle Alvarado. Desde 2014 el matrimonio trabaja en un laboratorio de calle Mitre.
La auditoría decide analizar seis casos de pacientes de Bardi, quien junto a su esposa solicitaron la nulidad de la actuación. En su descargo, Bardi negó que dos de ellos fuesen sus pacientes, pero de uno de ellos existe una orden facturada por el profesional en 2013.
Al igual que su esposa, Bardi expresó que no pudo presentar la documentación que se le pidió por la imposibilidad de acceder a sus registros porque cuando se estaba mudando de laboratorio no pudo entrar al de calle Alvarado porque habían cambiado la cerradura y porque se le extravió una caja en la que estaba esa documentación.
El laboratorio de Díaz y Bardi no posee equipo para análisis de alta complejidad, pero aparecieron mayor cantidad de prácticas complejas facturadas que derivadas. La Comisión auditora dijo no encontrar la documentación que avale que los estudios analizados hayan sido efectivamente realizados.
Al ser Bardi el director del laboratorio en el que trabajaba con su esposa, los auditores consideraron que no puede deslindarse de responsabilidades y que la facturación puede ser presentada indistintamente por cualquiera de ellos.
4. Sobre María Elena Almendro
Se auditaron 14 órdenes de la profesional, de pedidos de análisis correspondientes a nueve pacientes que incluyen el período entre julio a octubre de 2016.
En siete de ellos se observaron informes de prácticas realizadas no coincidentes con el pedido médico y que existen mayor cantidad de determinaciones realizadas que las que constan en la orden médica. En otros casos, la realización de los análisis fue antes que el pedido médico.
Se halló una orden facturada sin el informe de realización respaldatorio. Del mismo paciente encontraron órdenes facturadas por Silvina Díaz en la misma época. Los estudios son similares y se repiten.
Los 14 pedidos auditados corresponden al médico Sasso.
En nueve de los casos revisados no se cumple con la exigencia del Pami que solicita coincidencia entre las fechas de realización de los pedidos y de los informes presentados.
Solo cinco de las 14 órdenes auditadas no presentan observaciones.
5. Sobre Sasso y Canelada
Como ambos son médicos y no bioquímicos, no fueron auditados por la Asociación Bioquímica Salteña, pero su presunta responsabilidad surge de ser los únicos profesionales que figuran solicitando los estudios facturados por los bioquímicos imputados y que fueron observados por irregularidades por los auditores.
Como señaló el fiscal a cargo de la causa, Ricardo Toranzos, a LA GACETA, un bioquímico no puede realizar un estudio sin la correspondiente orden de un médico.