Un decreto de Sáenz se convirtió en Ley, pese a las demandas por inconstitucionalidad

Después de cumplirse el plazo estipulado por la Constitución, el Decreto 255/20 publicado el pasado 3 de abril en el Boletín Oficial se convirtió en Ley. Desde aquel entonces, el ‘régimen excepcional sancionatorio’ que faculta a la Policía de Salta a sancionar a quienes infrinjan las medidas impuestas durante la pandemia fue considerado inconstitucional por legisladores y organizaciones de Derechos Humanos.

El diputado Héctor Chibán sostuvo que la medida impuesta por la gestión de Gustavo Sáenz “es inconstitucional”. En relación a esto, el legislador afirmó que el oficialismo tuvo una “actitud deplorable” al negarse a discutir la necesidad y urgencia de este decreto.

Una demanda judicial advierte la inconstitucionalidad del régimen sancionatorio de Sáenz

En diálogo con LA GACETA, el dirigente radical criticó al gobierno por no haber escuchado la postura de distintos actores de la sociedad y apuntó contra la Justicia por su accionar en el tema. “La Corte de Justicia tuvo la irreverencie de darle un trámite que no corresponde a las acciones de inconstitucionalidad que se presentaron. Por las decisiones tomadas, la eventual sentencia de inconstitucionalidad podría llegar cuando ya no exista pandemia”, agregó.

A pesar de las voces críticas que se escucharon a lo largo de estos tres meses, el régimen excepcional dispone sanciones de arresto de hasta sesenta (60) días o multa de hasta sesenta (60) días, “a toda persona que injustificadamente desobedezca órdenes legítimas” en relación a las decisiones adoptadas a raíz del coronavirus.

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Incluso se detalla que “si la infracción fuere cometida mediante la conducción de un vehículo automotor o de cualquier otro medio de transporte a autopropulsión, las fuerzas de seguridad que intervengan en el procedimiento lo decomisarán preventivamente y de forma inmediata”.

Voz oficial

Cuando surgieron estos cuestionamientos en el mes de abril, el Secretario General de la gobernación Matías Posadas aclaró que el Decreto es una “herramienta necesaria” para hacer que la comunidad cumpla con las disposiciones dictadas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia generada por el coronavirus.

Las multas

Desde que la utilización de barbijos o tapabocas se hizo obligatoria en la provincia, un total de 2.976 personas fueron sancionadas por la Policía de Salta, mientras que por la violación del aislamiento social se realizaron 17.474. Sobre ellos recayeron multas que van desde $1.000 a $20.000.

El valor de cada día de multa se toma en base al sueldo básico y su costo actual es de $337,75. Es decir que la multa de menor valor por no utilizar barbijos, violar el aislamiento o circular sin los permisos necesarios, es igual a $1013,25. Mientas que el monto total de la multa máxima alcanza los $20.265.