El finquero demandado por desmontes propuso un acuerdo

El proyecto está avalado por técnicos pero requiere de la aprobación de los acusadores. El objetivo es recuperar las hectáreas.

08 Jun 2016
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FOTO FISCALESPENALESALTA.GOB

JUDICIALES
El finquero demandado por desmontes propuso un acuerdo
El proyecto está avalado por técnicos pero requiere de la aprobación de los acusadores. 
Tal y como la jueza civil de Tartagal, Claudia Yance, lo había autorizado, el empresario demandado por 171 millones de pesos por desmontar 11.875 hectáreas en la localidad de Dragones, en el departamento San Martín, presentó una propuesta conciliatoria.
“Estamos convencidos que técnicamente es viable, ahora depende de la buena voluntad de las demás partes”, le dijo a LA GACETA, Pedro Arancibia, abogado del finquero demandado, Juan José Karlen. 
La posibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio fue planteada por la jueza civil de Tartagal, Claudia Yance al momento de iniciar el juicio civil impulsado por la fiscal civil de esa ciudad, Griselda Beatriz Nieto y el Procurador General, Pablo López Viñals. Ambos demandaron por 171 millones de pesos a Karlen con el objetivo de reforestar para recuperar las hectáreas desmontadas.
Según Arancibia es un error decir que todas las hectáreas están desmontadas y explicó, además, que el plan ofrecido está avalado por técnicos y contempla el desarrollo sustentable, el impacto social que implica para criollos y wichis, la biodiversidad, el tratamiento de aguas y todo aspecto que engloba un caso tan complejo.
A partir de dicha presentación, la parte demandante tiene dos semanas para que sus técnicos y científicos analicen cada aspecto de ella y comuniquen si la aceptan o no. 
Karlen había sido condenado penalmente por este hecho a la pena de seis meses de prisión condicional por el delito de desobediencia judicial, fallo dictado por la jueza, Azucena Vázquez, de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal.
Como consecuencia de esta condena, la fiscal Nieto y López Viñals interpusieron una demanda civil en busca de restaurar los bosques nativos desmontando, para lo cual un equipo interdisciplinario, integrado por profesionales del INTA y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, entre otros, confeccionó un Plan de recomposición ambiental.

Tal y como la jueza civil de Tartagal, Claudia Yance, lo había autorizado, el empresario demandado por 171 millones de pesos por desmontar 11.875 hectáreas en la localidad de Dragones, en el departamento San Martín, presentó una propuesta conciliatoria.

“Estamos convencidos que técnicamente es viable, ahora depende de la buena voluntad de las demás partes”, le dijo a LA GACETA, Pedro Arancibia, abogado del finquero demandado, Juan José Karlen. 

La posibilidad de arribar a un acuerdo conciliatorio fue planteada por la jueza civil de Tartagal, Claudia Yance al momento de iniciar el juicio civil impulsado por la fiscal civil de esa ciudad, Griselda Beatriz Nieto y el Procurador General, Pablo López Viñals. Ambos demandaron por 171 millones de pesos a Karlen con el objetivo de reforestar para recuperar las hectáreas desmontadas.

Según Arancibia es un error decir que todas las hectáreas están desmontadas y explicó, además, que el plan ofrecido está avalado por técnicos y contempla el desarrollo sustentable, el impacto social que implica para criollos y wichis, la biodiversidad, el tratamiento de aguas y todo aspecto que engloba un caso tan complejo.


A partir de dicha presentación, la parte demandante tiene dos semanas para que sus técnicos y científicos analicen cada aspecto de ella y comuniquen si la aceptan o no. Karlen había sido condenado penalmente por este hecho a la pena de seis meses de prisión condicional por el delito de desobediencia judicial, fallo dictado por la jueza, Azucena Vázquez, de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal.

Como consecuencia de esta condena, la fiscal Nieto y López Viñals interpusieron una demanda civil en busca de restaurar los bosques nativos desmontando, para lo cual un equipo interdisciplinario, integrado por profesionales del INTA y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, entre otros, confeccionó un Plan de recomposición ambiental.

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