¿Qué rol ocupaban los acusados de corrupción en Tierra y Hábitat?
Conocé de qué se acusa a cada uno de los seis imputados de integrar una asociación ilícita en el Estado.
La fiscal de Delitos Económicos Complejos, Mónica Poma, requirió que la causa por entrega irregular de terrenos al lado de Parque La Vega por parte de funcionarios y empleados de Tierra y Hábitat, sea elevada a juicio.
Son seis los imputados de conformar una asociación ilícita que se dedicaba a estafar a personas mediante un modus operandi que se estableció como la base de la corrupción estructural que la fiscalía denuncia.
A continuación, LA GACETA te cuenta quiénes son los imputados y cuál es el rol que ocupaban dentro de la organización delictiva.
Diego Nicolás Barreto
Según la fiscal, Barreto estaba a cargo de “la jefatura de esa Asociación Ilícita” ya que durante la parte de la época en la que la banda operó, ocupaba el cargo de Subsecretario de Tierra y Hábitat.
La actividad de la asociación se desarrolló por varios años, incluso después que Barreto renunció ya que pese a dejar el cargo se mantuvo en la estructura del área, íntimamente vinculado a la adjudicación de terrenos.
En términos jurídicos se le imputa los delitos de asociación ilícita, exacciones ilegales agravadas (30 hechos) y exacciones ilegales simples (8 hechos), todo en concurso real y enrolado en carácter de jefe organizador de la asociación.
Víctor Rodrigo Diez Tizón
También ocupó el cargo de subsecretario del organismo por lo que la fiscal señaló que “resulta acertado afirmar que, según los testimonios colectados, Rodrigo Diez Tizón no sólo tuvo conocimiento sino que también colaboró para la efectivización de las conductas delictivas”.
La acusación señala que ante las denuncias administrativas efectuadas por damnificados que reflejaban la irregular entrega de lotes, el entonces titular permitió que se continúe con tal accionar y que personas ajenas a esa oficina actuaran como tales en actos públicos e incluso entregaban documentación (carpetas) de esa Subsecretaría el día de posesión de los lotes.
Rechazó la posibilidad que se deba a una negligencia de Diez en el ejercicio de su función contemplando sobre todo que el imputado ya prestaba servicios en la misma Subsecretaría con cargos jerárquicos inferiores durante la gestión de Barreto.
Se le imputan 20 hechos de exacciones ilegales agravadas y tres de exacciones ilegales simples, como integrante de la asociación ilícita y partícipe necesario.
Roberto Nellenssen
La intervención de Nellessen habría servido para los objetivos criminales, en tanto prestaba servicios en la dependencia pública desde la gestión Barreto y aseguraba tanto la emisión de los documentos que instrumentaban la maniobra como la impunidad de los hechos aparentando legalidad.
Está imputado como integrante de la asociación ilícita y exacción ilegal agravada por un hecho como partícipe necesario.
Esteban del Corazón de Jesús Clemente
Es uno de los punteros políticos acusados. La fiscal sostuvo que en distintas reuniones barriales que esta organización llevó adelante regularmente durante los años 2013 y 2014, Clemente, entre otras personas, ejerció indebidas funciones públicas delegadas. Entregaban documentación oficial de la Subsecretaría, como constancias de pre adjudicación de lotes, que se canjeaba por dádivas, con la clara indicación de su obligatoriedad a cambio de obtener la adjudicación definitiva del inmueble que necesitaban, según se revela en fiscalespenalesalta.gob.
La función de los punteros habría sido la de generar el contacto y captación de personas de escasos recursos, con necesidades básicas insatisfechas como la falta de vivienda propia, a quienes les exigían la entrega de dinero en efectivo, cuyo monto variaba conforme a cada damnificado o grupo de estos, y/o la participación en actos o movimientos políticos, a cambio de salir beneficiados con un terreno social.
Por ello se lo imputa como integrante y partícipe necesario de la asociación ilícita y de los delitos de exacciones ilegales agravadas (20 hechos) y exacciones ilegales simples (3 hechos).
Nelson Horacio Salazar y Marcela Cinthia Martínez
Al igual que Clemente, estos dos imputados están señalados por ser punteros políticos cuya función se trasladaba a los barrios. Allí debían contactarse con gente humilde para captarlas bajo la promesa de entregarles terrenos.
Salazar está acusado de integrar la asociación ilícita y de haber cometido siete hechos de exacciones ilegales agravadas y uno de exacciones ilegales simples, siempre como partícipe necesario.
Mientras que Martínez está imputado de exacciones ilegales agravadas en cuatro hechos y exacciones ilegales simples en tres hechos, como integrante de la organización criminal.
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