Un concejal aseguró que la mayoría de los funcionarios que pidieron el IFE “son saencistas”
En relación a este tema, la Justicia Federal investiga 53 casos sospechosos. Los culpables podrían recibir penas de hasta seis años de prisión.
El escándalo desatado en relación a los funcionarios salteños que se inscribieron y hasta cobraron, en algunos casos, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) tuvo repercusión en el Concejo Deliberante de Salta. Un edil aseguró que el 60% de las personas cuestionada se vinculan a fuerzas políticas ligadas al gobernador Gustavo Sáenz.
“El 60% viene del saencismo”, dijo el concejal Fernando Ruarte y sostuvo que estos casos quedaron “tapados por una cortina de humo que produjo una indignación parcializada”.
Gustavo Sáenz dijo que “deberían renunciar” los funcionarios que cobraron el IFE
Además de asegurar que en esta polémica se buscó incriminar a Marcos Vera, responsable del Anses en Salta y dirigente de La Cámpora, Ruarte cuestionó el uso de una partida de dinero que Nación envió a la Provincia.
En relación a esto el concejal kirchnerista aseguró que la Provincia recibió 114 mil millones de pesos para hacerle frente a la pandemia y a pesar de los casos positivos de coronavirus registrados “llama la atención la falta de insumos de protección en los hospitales públicos”.
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Desde la bancada oficialista, Ángel Causarano salió al cruce de las declaraciones y remarcó que en este escándalo por el IFE “no importan los sectores políticos”. “Es un acto repudiable y deben ser castigados por la Justicia y renunciar si tienen honor, pero no se debe confundir a la gente”, enfatizó.
Investigación
El fiscal federal, Ricardo Toranzos, informó que se están analizando 53 casos sospechosos, divididos en tres grupos: los que pidieron y fueron rechazados; aquellos aprobados y que no cobraron y los que estaban habilitados para cobrar y lo hicieron.
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“La causa está enmarcada en defraudación a la administración pública, porque cobraron indebidamente un dinero que no les correspondía. Por esto pueden caber penas de2 a 6 años de prisión”, detalló Toranzos.
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