“Este Código Civil no tiene la aprobación de la Iglesia”

MAR DEL PLATA/BUENOS AIRES.- La Iglesia criticó el procedimiento para sancionar el nuevo Código Civil al considerar que hubiera sido preferible “un mayor debate”. Juan Navarro Floria, miembro de la Comisión Nacional de Justicia y Paz e integrante del grupo de seguimiento de la reforma del Código Civil del Episcopado argentino, sostuvo que el proyecto aprobado tiene “aciertos, pero también demasiadas cosas cuestionables, sobre todo en derecho de familia”.

“Nadie puede decir que este Código tiene la aprobación de la Iglesia”, afirmó, y recordó que los obispos “ya dijeron lo que tenían que decir hace dos años”, cuando objetaron varios aspectos del proyecto.

Navarro Floria consideró que el procedimiento utilizado por el oficialismo para aprobar, en rápido trámite y sin presencia de la oposición, la reforma, “no parece el más adecuado”.

En tanto, el obispo auxiliar de Santiago del Estero, monseñor Ariel Torrado Mosconi, dijo que el nuevo Código tiene asuntos “cuestionables”, como el régimen de adopción y la valoración de la familia y de la mujer. Criticó que en materia de adopción el texto “no privilegie el interés superior de los niños, que consiste en tener un padre y una madre unidos en matrimonio”.

El profesor de derecho constitucional José Miguel Onaindia aseguró que la reforma del Código Civil y Comercial “merecía un debate social muy superior” y consideró que “hay algunos puntos” que podrían ser declarados inconstitucionales. “Un Código que rige la vida cotidiana de los ciudadanos en toda la Nación es una norma importantísima que nos regirá por mucho tiempo y que merecía un debate social muy superior”, expresó el experto.

Onaindia reconoció que las consultas se dieron “ante una comisión de juristas”, aunque expresó sus críticas al respecto: “abarcó a un círculo cerrado y ni siquiera tuvo debate en la Facultad de Derecho”.

Para el catedrático, la forma en que se avanzó en su aprobación “demuestra que la calidad democrática en la Argentina no ha mejorado” e insistió en que el Código “merecía estar abierto a un debate social”. Cuando se le preguntó por radio El Mundo cuál creía que había sido el propósito para apurar su sanción, Onaindia explicó que a su juicio “en el último tiempo, hubo un deseo del Gobierno de aprovechar la mayoría parlamentaria para sancionar normas que tengan su sello en períodos futuros, obras que lleven un nombre y que trasciendan el período presidencial”. Sin embargo, observó que “esto no tiene (nada) que ver con la intención de querer mejorar la calidad de vida de los habitantes”.

Luego, planteó que “hay puntos del Código que pueden ser declarados inconstitucionales, como por ejemplo, la disminución de la responsabilidad del Estado y los funcionarios es un hecho retrógrado que está en contra de normas constitucionales expresas”.

Según Onaindia, la Constitución “que rige en el siglo XXI debería exigir una mayor igualdad de trato entre el Estado, sus funcionarios y los ciudadanos comunes”.

División

Si bien la votación fue por unanimidad, el artículo 19 del flamante Código Civil y Comercial, referido al inicio de la vida, dividió aguas dentro del propio kirchnerismo. La votación se realizó de una sola vez en general y en particular, por tratarse de un proyecto de 2.671 artículos, pero cuatro diputadas se manifestaron en contra de ese artículo y así quedó registrado en la versión taquigráfica del debate.

El proyecto enviado por el Ejecutivo establecía que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno”. En el Senado se le eliminó la cláusula “en el seno materno”, y el propio jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, había pedido volver a la redacción original.

Desde ese momento, legisladores de distintos sectores políticos advertían que, tal como quedó el texto, podían quedar en riesgo los derechos de acceso a las técnicas de fertilización asistida y a la interrupción voluntaria del embarazo, impulsados por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. (DyN)