Tres bandas narcos vinculadas con la política y las fuerzas de seguridad llegan a juicio

Las detenciones, juicios y condenas a personas por transportar droga en Salta se repiten desde hace tiempo y no son una novedad porque son los eslabones más bajos de organizaciones gigantes. Esas bandas narcotraficantes, con un poder económico sideral y con una logística avanzada que les permite comprar complicidades políticas y de miembros de las fuerzas de seguridad comienzan, de a poco, a tener que rendir cuentas ante la Justicia.

Sentar en el banquillo de los acusados a los líderes y miembros importantes de las bandas criminales no es sencillo, entre otras razones porque rara vez son detenidos in fragantti transportando la droga, ya que son quienes manejan los operativos desde las sombras.

Declaraciones de arrepentidos, escuchas telefónicas o los resultados de allanamientos son los que pueden aportar pruebas suficientes para imputar a los cabecillas y desentrañar el complejo funcionamiento de organizaciones que cuentan con recursos económicos y tecnológicos inmensamente mayores a los que dispone la Justicia, a su vez perjudicada por su propia burocracia.

En este contexto de años de lucha contra el narcotráfico y de investigaciones extensas, el 2017 se destaca como un año en que se está logrando enjuiciar a los principales integrantes de las bandas narcos que operan en territorio salteño, logrando el ingreso de cocaína y marihuana al país por nuestra provincia y trasladarlo a los puertos más importantes del país, para hacer llegar la droga a Europa, donde su precio se multiplica exponencialmente.

Una banda ya está siendo enjuiciada y sobre otras dos, el fiscal Federal N°1 de Salta, Ricardo Toranzos, ya pidió la elevación a juicio. En dichas causas no solo hay involucrados narcotraficantes sino también miembros del Poder Judicial, de Gendarmería, instituciones nacionales como Senasa y políticos electos.

Gendarmes con casi una tonelada de cocaína

Nueve personas, presuntamente integrantes de una banda narco, están siendo enjuiciadas desde hace algunos días en Salta. La conocida como “causa Mondaca”, tuvo origen el 19 de junio de 2011, cuando en el puesto de control de Aguaray se encontraron 966,391 kilos de cocaína en el auto en el que viajaban tres personas: los gendarmes Emiliano Guillermo Mondaca y Roberto Julián Gamarra (actualmente prófugo) y Claudia Rosana Mondaca.

Solo el primero está siendo juzgado, ya que los otros ocho son Pablo Manuel Vera, José Marcel Romero Alvez, Alejo Gerardo Durán, Luis Omar Romero, Luis César Espeche, Pablo Raúl Vera, Alejo Durán y Damián Matías Carrasco.

Al ser detenidos en la ruta 34, Mondaca se identificó como gendarme. Quienes trabajaban en el puesto de control, advirtieron que el vehículo iba cargado de ropa que los Mondaca y Gamarra dijeron que habían comprado en Yacuiba, Bolivia. En la revisión encontraron 933 paquetes o “ladrillos” que contenían 966,391 kilogramos de cocaína. Los gendarmes, de 28 y 25 años,  quedaron a disposición del por entonces juez federal de Orán, Raúl Reynoso.

Al poco tiempo, el mismo magistrado imputó a Pablo Raúl Vera y Alejo Durán, propietarios de la concesionaria que vendió el auto detenido con droga, considerándolos miembros de la organización, pero el 4 de agosto cambió de opinión y dictó su falta de mérito porque de las pruebas producidas en la causa "no surgían elementos probatorios de entidad suficiente para ligar a los imputados Vera y Durán”. El 11 de abril de 2013, los sobreseyó.

Esta es una de las causas por las que se procesó y detuvo a Reynoso, acusado de liderar una asociación ilícita que cobraba dádivas a cambio de favorecer a detenidos por narcotráfico. Otro de los imputados en esa causa es el abogado René Gómez, quien representaba a Vera. Los fiscales de ese caso afirmaron que hay conversaciones entre Reynoso y Gómez los mismos días en que se cerraban operaciones inmobiliarias sobre una finca de 700 hectáreas, que originalmente pertenecía al imputado de narcotráfico Pablo Vera. Se cree que ese habría sido el pago para lograr las libertades y los sobreseimientos del juez.

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Se le cuestiona a Reynoso que haya pasado por alto que, de un allanamiento en la propiedad de Vera, se haya encontrado un GPS que evidenciaba un viaje desde San Pedro de Jujuy a Salvador Mazza y su posterior vuelta, momento en el que habría trabajado como “punta”, ya que viajaba minutos antes del vehículo que llevaba el cargamento de droga, con el propósito de advertirles sobre los controles en la ruta, según los fiscales Eduardo Villalba (Salta) y Diego Iglesias (Procunar).

El juicio continuará el lunes 12 a las 11:30. El Tribunal está integrado por los jueces Marta Liliana Snopek, Federico Díaz y Mario Marcelo Juárez Almaraz.

“Gorila Blanco” terminó con el juez Solá Torino condenado

El fiscal Toranzos, solicitó la elevación a juicio de una causa que investigó a una banda conformada por seis personas que se dedicaba al comercio internacional de estupefacientes. Están acusados de ingresar 125,526 kilos de cocaína al territorio nacional para luego ser transportada a la provincia de Buenos Aires o al exterior para su posterior comercialización. Entre los acusados, se encuentra un empleado del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Uno de los líderes, Jorge Luis López Segade, alias “Maguila” (homónimo del gorila animado que motivó el nombre del operativo “Gorila Blanco”), venía siendo investigado desde hacía años y gracias a uno de esos trabajos se descubrió la trama que derivó en la condena del ex juez Federal, José Antonio Solá Torino, por pedir coimas para favorecer a otro narcotraficante todavía prófugo, José Miguel Farfán.

Luego de una larga investigación, el 27 de noviembre de 2015 se concretó el operativo que se denominó “Gorila Blanco”.  Se sabía que aquella mañana partía de Salvador Mazza un vehículo con Martín Alejandro Toledo (Jefe de la unidad regional de Senasa, oriundo de Embarcación) y Faustino Irineo Urzagaste (trabajador de Senasa, oriundo de Acambuco) a bordo.

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Estratégicamente establecidos en el acceso norte de la ciudad de Tartagal, Gendarmería los detuvo y encontró, en el baúl del auto, cuatro bolsas arpilleras verdes que adentro contenían 120 paquetes rectangulares macizos y de casi un kilo cada uno. Pruebas ulteriores determinaron que se trataba de un total de 118,9 kilogramos de cocaína de máxima pureza.

Según la Fiscalía, López Segade tenía un rol decisivo ya que sería el director de la acción delictiva, financiaba, supervisaba y planificaba y se encargaba de adquirir el tóxico y acondicionarlo para embarcarlo al exterior o a una línea de distribución en el país; Urzagaste fue quien transportó la droga hasta la ciudad de Tartagal; Toledo era un sujeto necesario para el éxito del transporte de droga en la frontera porque en su calidad de empleado del Senasa buscaba disminuir la intensidad de la revisión por parte de los controles fronterizos; Jorge Alberto Maldonado es otro de los actores principales de la maniobra delictiva; Eduardo Rubén Arroyo sería el nexo entre los distintos componentes de la organización, responsable del acondicionamiento y la supervisión del transporte y Mario Alejandro Zambrana participó en los distintos actos desplegados por el equipo, acompañando y dando seguridad a los distintos pasos de la organización.

Otros dos de los implicados siguen prófugos, uno es Simón Mellano y el otro es un personaje trascendente: Ariel Alejandro Lazarte, quien sería otro líder de la banda y a quien se lo acusa de ser el responsable del delito de organización de tráfico de estupefacientes. Sobre ambos, se reiteró el pedido de captura.

Cocaína y concejales

La tercera banda que será enjuiciada está compuesta, entre otros, por ex concejales de Salvador Mazza, de los cuales uno fue detenido y el otro permanece prófugo, imputados como consecuencia del operativo “Febrero Blanco”, que en 2016 se coronó con el secuestro de 250 kilos de cocaína transportados en un camión que había salido de Salta. Entre los implicados hay dos ex concejales de la localidad del norte provincial, de los cuales uno fue detenido y el otro permanece prófugo.  

En los últimos días, Toranzos solicitó la elevación a juicio de siete personas procesadas por narcotráfico. Se trata de José Martín Melgarejo, Rubén Alfredo Maurín, Jesús Sebastián Gerónimo, Sergio Rafael Velarde, Gabriel Alejandro Maurín (por entonces presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza), Rubén Darío Velarde y Francisco Javier Escudero. El también por entonces concejal, Mauricio Gerónimo, sigue prófugo.

Una de las particularidades del caso es que el ingreso de la droga al país se daba a través de los llamados “narcovuelos”. Un informe de la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional pudo dar cuenta que la sustancia ingresaba al país por medio de aeronaves provenientes de Bolivia, que arrojaban el tóxico en los alrededores de las localidades de Las Lajitas y Joaquín V. González. Una vez allí, la droga era recogida por miembros de la banda y almacenada en distintas fincas en la zona para luego ser transportada y distribuida.

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De la investigación se desprende que el concejal Gabriel Maurín era el nexo entre los distintos operadores de la maniobra, y que tenía un grado importante de decisión y control junto a su hermano Rubén Maurín, encargado de buscar el medio de transporte y de cumplir la tarea de “puntero” en su traslado, a fin de notificar anomalías en los controles de la ruta.

Por su parte, Jesús Gerónimo ofició de chofer, facilitador de vehículos y transportista del dinero cobrado por la maniobra de narcotráfico, mientras que José Melgarejo fue quien manejaba el camión al momento de su detención.

Mauricio Gerónimo, quien resultó electo en 2015 por el partido Frente Grande para representar a los vecinos de la ciudad fronteriza, viajaba en una camioneta que iba adelante del camión con la droga “para utilizar su influencia política en algún control de Gendarmería sobre la ruta y tratar de evitar que sean requisados los vehículos". Cuando se dio el operativo, logró escapar y hasta llegó a difundir videos con pronunciamientos suyos desde la clandestinidad.

Fuentes fiscales contaron a LA GACETA que saben que Mauricio Gerónimo se encuentra escondido en un barrio de la localidad de Yacuiba, en Bolivia, que se caracteriza por ser un “aguantadero” de criminales buscados por la Justicia.

Sergio Velarde era, junto a su hermano Rubén y Francisco Escudero, uno de los responsables de receptar la droga, para lo que participaba en el arrendamiento de campos donde fuera posible el “bombardeo” de los paquetes y en la contratación de baqueanos que pudieran marcar con coordenadas los lugares aptos.