Educación religiosa: ¿cuáles son los argumentos de la ONG que llevó a juicio al Estado?

La educación religiosa de la provincia de Salta se convertirá desde hoy en el eje de debate del máximo tribunal de Justicia. La Corte Suprema de la Nación realizará durante los días 16, 17, 30 y 31 de agosto una audiencia pública en la que distintos referentes expondrán sus posturas sobre la causa “Castillo, Carina Viviana y otros c/ Provincia de Salta – Ministerio de Educación de la Prov. de Salta s/ amparo”, el caso que cuestionó la enseñanza de religión en las escuelas estatales de la provincia.

El pleito llega a esta instancia luego de que la Corte salteña confirmara la declaración de constitucionalidad de las normas locales y por un amparo presentado por la organización Asociación por los Derechos Civiles (ADC), en representación de los padres que iniciaron originalmente la demanda.

Seguí en vivo la audiencia de la Suprema Corte por la educación religiosa

En diálogo con LA GACETA, el director de ADC, Torcuato Sozio, señaló que según pudieron probar en el expediente, los niños que recibían educación religiosa en escuelas públicas sufrían de un acto de discriminación y que además no existía una actividad complementaria que fuera “seria e importante para ellos”.

“Nos parece que incluir la educación religiosa va en contra del principio de libertad de pensamiento y de educación laica que siempre buscó la Argentina de sostener”, sostuvo director.

Además aclaró que en el caso existen dos aspectos centrales: “por un lado hay una cuestión legal, de tipo normativa que por eso llega a la Corte Suprema, como máximo intérprete de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Y por otro lado está la cuestión práctica, concreta, que quedó probada en el expediente de que esos niños sufrían un trato discriminatorio y estigmatizante. Terminaban en una situación que desde el punto de vista humano era negativa para ellos”, indicó.

Desde el sitio web de la ONG, la institución señala que su misión es “la promoción del mayor ejercicio de los derechos básicos, en especial entre los sectores más desprotegidos de la sociedad”. Para ello monitorea políticas públicas, promueve reformas legales y realiza actividades de investigación e incidencia.

Sozio destacó además que desde la organización son respetuosos de cualquier fallo de la Suprema Corte y resaltó el prestigio de los miembros del tribunal: “estoy convencido por el prestigio que tiene el tribunal que si hubiera cualquier tipo de presión no cambiaría en nada el criterio de los jueces”, señaló.

El director agregó que una audiencia convocada por la Corte que no es un mecanismo que necesariamente tenga que hacer el tribunal y como ocurrió en el caso de la Ley de Medios, suele realizarse en los casos donde el tema adquiere una relevancia social destacada.

En cuanto a las expectativas respecto a la decisión de los jueces, Sozio indicó que están confiados en el aporte que realizarán durante las audiencias los “amigos del tribunal”, es decir, personas ajenas al pleito que podrán aportar datos y criterios para tratar “para que la Corte tenga elementos que le permitan llegar a una decisión lo más justa posible”.

Finalmente, el director de ADC se expresó sobre las posibles consecuencias que podrían tener un fallo en contra del estado salteño: “eso dependerá del alcance del fallo. Yo no me puedo adelantar. Si la Corte entendiera que la Asociación y los padres hicieron un planteo correcto, evidentemente dentro del sistema educativo salteño tendrían que modificar las normas y las prácticas”, planteó.