El gobierno provincial apuesta a revertir la decisión del cierre definitivo del Ingenio San Isidro

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La crisis que plantea la empresa administradora deberá justificarse con al menos tres balances con pérdidas. La ministra de Trabajo, Paula Bibini, explica cuál será el rol del Estado salteño en las negociaciones.

23 Ene 2018

La crisis que manifiesta el grupo empresario Gloria, gerenciadora del Ingenio San Isidro de Campo Santo desde 2011, es el principal argumento para el cierre definitivo y despido total de los 730 trabajadores que actualmente emplea la planta. El procedimiento fue presentado ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y de esta manera el gobierno provincial quedó afuera de cualquier injerencia en el conflicto. 

Sin embargo, haciéndose eco de la tensión social que plantea el cierre del primero y más antiguo de los ingenios azucareros del país, el gobernador Juan Manuel Urtubey convocó a su gabinete para analizar la escena y puso las fichas en las alternativas disponibles para revertir la decisión del grupo peruano. 

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La ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, dialogó con LA GACETA sobre la crisis en Campo Santo y dijo que todavía no tuvieron acceso a la presentación realizada por Gloria ante el Ministerio de Trabajo de Nación pero que sí hubo contacto de los empresarios con su despacho. "La empresa manifestó su decisión indeclinable de cerrar las instalaciones y no continuar con el trabajo", dijo la funcionaria. "La empresa tomó la decisión del cierre definitivo de sus instalaciones, con el despido total de sus trabajadores y el pago de sus indemnizaciones. Es una decisión muy determinada y según los directivos de la empresa fue evaluada y analizada antes de hacer la presentación formal en el ministerio", agregó.

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La posición del gobierno provincial, explica, será la de buscar acercar a las partes y apostar a un entendimiento que consiga superar la crisis. "Hoy estamos concentrados en ver si esta situación, tan determinada, no ocurre. Sería clave y fundamental para generar ese acuerdo. Conversando la gente se entiende y si uno puede acercar posiciones y se puede mediar y recapacitar sobre una situación así, sería muy importante. Tenemos el ánimo de que esto suceda y si está esta posibilidad, vamos a intentarlo", agrega Bibini.

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Antes de la instancia definitiva del cierre, la empresa deberá corroborar ante Nación la situación económica que está atravesando y tiene la obligación de cumplir con una serie de requisitos: presentar una situación de quebranto a través de sus últimos tres balances donde acredite que esté dando pérdidas. "Esta es una actividad económica que viene a través de los años, quizá en la última cosecha tuvieron buenos resultados pero en el global no, y eso es lo que está acercando la empresa a la Nación y a partir de ahí ver qué decisión se va tomar", explica la ministra.

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