Exigen extremar las precauciones en las visitas íntimas

Distintas voces relacionadas a la lucha de los derechos de las mujeres manifestaron su opinión respecto al femicidio ocurrido en el penal de Villa Las Rosas.

06 Ene 2017
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El femicidio de Andrea Neri a manos de su pareja, Gabriel “Chirete” Herrera, sacudió nuevamente a la sociedad salteña y llevó a cuestionar las seguridad de las visitas íntimas. Distintos sectores que luchan por los derechos de las mujeres se hicieron eco del caso y expresaron sus pareceres. 
Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Laura Postiglione, directora del organismo, manifestó a La Gaceta que permitir este tipo de visitas en caso de femicidas “es poner de vuelta a una mujer en una situación de desprotección”, al mismo tiempo que reclama establecer un protocolo con medidas de precaución extremas.
Por su parte, Marta César, presidenta de la Multisectorial de las Mujeres de Salta, cuestionó la posesión por parte de Herrera de la talladora. “¿Por qué un recluso que cumple una condena por femicidio tiene un arma, fuera lo que fuera? ¿Cómo funcionan las requisas del penal? Hay negligencia y responsabilidad de las autoridades penitenciarias, del jefe del pabellón y de algún agente carcelario”, expresó. 
César agregó que desde hace tiempo pide la prevención necesaria para que estos casos no vuelvan a suceder y exigió a las autoridades “algún tipo de medida restrictiva o que las mujeres tengan alguna protección excepcional, ya que recluso cometió el hecho bajo cuidado del Estado”.  
Finalmente, Ana Fernández, referente de la Comisión de Familiares Contra la Impunidad de Salta puso de manifiesto si desacuerdo con la posibilidad que se le brinda a los reclusos de recibir visitas íntimas. “Se debería hacer como en Estados Unidos, donde no se permiten las visitas íntimas pero pueden entablar relaciones a través de un vidrio o un teléfono”, dijo. 
En estos casos, según la opinión de Fernández, “o hay complicidad penitenciaria o no les importa la sociedad”, afirmando que el sistema falla completamente en situaciones como esta. Por último, manifestó que en estos casos se debería aplicar la pena de muerte. “Está demostrado que con diez años preso este hombre no cambió nada, no hubo reinserción social. Nos están matando a las mujeres, los legisladores tienen que cambiar la ley”, concluyó. 

El femicidio de Andrea Neri a manos de su pareja, Gabriel “Chirete” Herrera, sacudió nuevamente a la sociedad salteña y llevó a cuestionar la seguridad de las visitas íntimas. Distintos sectores que luchan por los derechos de las mujeres se hicieron eco del caso y expresaron sus pareceres. 

Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Laura Postiglione, directora del organismo, manifestó a La Gaceta que permitir este tipo de visitas en caso de femicidas “es poner de vuelta a una mujer en una situación de desprotección”, al mismo tiempo que reclama establecer un protocolo con medidas de precaución extremas.

Por su parte, Marta César, presidenta de la Multisectorial de las Mujeres de Salta, cuestionó la posesión por parte de Herrera de la talladora. “¿Por qué un recluso que cumple una condena por femicidio tiene un arma, fuera lo que fuera? ¿Cómo funcionan las requisas del penal? Hay negligencia y responsabilidad de las autoridades penitenciarias, del jefe del pabellón y de algún agente carcelario”, expresó. 

César agregó que desde hace tiempo pide la prevención necesaria para que estos casos no vuelvan a suceder y exigió a las autoridades “algún tipo de medida restrictiva o que las mujeres tengan alguna protección excepcional, ya que el recluso cometió el hecho bajo cuidado del Estado”. 

Finalmente, Ana Fernández, referente de la Comisión de Familiares Contra la Impunidad de Salta puso de manifiesto si desacuerdo con la posibilidad que se le brinda a los reclusos de recibir visitas íntimas. “Se debería hacer como en Estados Unidos, donde no se permiten las visitas íntimas pero pueden entablar relaciones a través de un vidrio o un teléfono”, dijo. 

En estos casos, según la opinión de Fernández, “o hay complicidad penitenciaria o no les importa la sociedad”, afirmando que el sistema falla completamente en situaciones como esta. Por último, manifestó que en estos casos se debería aplicar la pena de muerte. “Está demostrado que con diez años preso este hombre no cambió nada, no hubo reinserción social. Nos están matando a las mujeres, los legisladores tienen que cambiar la ley”, concluyó. 

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